Instalación de nuevos gobernadores

La asunción de los 16 nuevos gobernadores regionales -así como de los respectivos delegados nombrados por el Ejecutivo- dista de haber constituido el hito histórico con que esta reforma pretendió revestirse, en cuanto a instituirse como un paso fundamental en la descentralización.

Si bien uno de los hechos más llamativos es que los nuevos gobernadores han sido elegidos fruto del voto popular -lo que brindó algo de vitalidad a los partidos políticos tradicionales-, el escaso interés que dichos comicios despertaron entre los electores -constituyendo la segunda vuelta la más baja participación electoral desde el retorno a la democracia- es de algún modo reflejo de que esta nueva institucionalidad no es vista con interés por la ciudadanía, probablemente porque no percibe allí una respuesta efectiva a los anhelos de descentralización. En cambio, el debut de los gobernadores ha estado marcado por polémicas menores, como quejas por las dependencias que ocuparán las nuevas autoridades, o por una imprevista reducción presupuestaria para estas reparticiones con el fin de suplementar fondos a los delegados, medida que fue revertida por el Ejecutivo.

El diseño de esta nueva institucionalidad, en que el gobernador deberá convivir con un delegado presidencial, el que concentra funciones relevantes -como la coordinación y fiscalización de los servicios públicos, o velar por la seguridad pública- creando un híbrido que previsiblemente a poco andar generará roces y competencias por figuración, sobre todo considerando que los intendentes en ejercicio -salvo en la región de Antofagasta- pasaron a ser los respectivos delegados. Un gobernador ya hizo presente que, si no logra entendimientos con el delegado, sencillamente se lo “saltará”. En fin, siguen discutiéndose en el Congreso proyectos de ley que se estimaban relevantes para el buen funcionamiento de esta institucionalidad, como el que implementa adecuadamente el proceso de descentralización y el que, entre otros puntos, fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales.

Los defensores de esta iniciativa, conscientes de la debilidad que presenta el diseño de las gobernaciones, estiman que aun así es un primer paso importante, pues lo verdaderamente relevante era comenzar con el proceso de descentralización, el cual necesariamente se irá perfeccionado con el tiempo. Pero desde el punto de vista de las buenas políticas públicas, no resulta aconsejable echar a andar institucionalidades que no están listas para su funcionamiento, y que tampoco responden a un diseño coherente de lo que se busca con la descentralización, pues está a la vista que en su extraño diseño subyacen desconfianzas respecto de las capacidades que existen en las regiones para gozar de mayores espacios de autonomía.

En estas mismas páginas se hizo presente la conveniencia de aplazar la elección de los gobernadores, en especial porque de cara al proceso constituyente existe la posibilidad de que todo el diseño de descentralización cambie en forma sustantiva.

Por irónico que parezca, probablemente lo más cuestionable de haberse precipitado en la figura de los nuevos gobernadores es que ello aleja cada vez más la posibilidad de promover una descentralización efectiva, la que debería apuntar a crear macrorregiones, pues de esa forma se contaría con unidades de tamaños, poblaciones y recursos que generan mejores condiciones para descentralizar. El modelo actual, con 16 regiones, solo fomenta una atomización, lo que alimenta la dependencia con el poder central.