Intentos para un acuerdo nacional en seguridad

Los graves hechos de violencia que han sacudido al país en el último tiempo -y que justificadamente generan amplia preocupación en la opinión pública- han llevado a que el Presidente de la República haya tomado la iniciativa de comenzar a explorar con las distintas fuerzas políticas -también con alcaldes- un acuerdo nacional para enfrentar la inseguridad.

Una iniciativa como esta desde luego tiene un componente valioso, porque permite relevar la dimensión que tiene para el país el debilitamiento del orden público y la gravísima amenaza que ello supone para la población. Los lineamientos que ha entregado el Mandatario respecto de los alcances de este posible acuerdo van en la línea correcta -agilizar la aprobación de ciertas leyes fundamentales para controlar el delito, aumento de infraestructura deportiva, mayor iluminación de las calles, recuperación de barrios y reforzar capacidades de las policías, entre otras variables-, por lo que debería existir buena disposición de las fuerzas políticas para evaluar estas y otras propuestas que vayan surgiendo.

Con todo, el jefe de Estado cuenta ya con todas las atribuciones legales y constitucionales para hacer frente al control del orden público, por lo que cabe interrogarse cuál es el alcance y finalidad de lo que se está solicitando cuando se plantea un acuerdo nacional. En ese sentido, es pertinente recordar que no se requiere de ninguna validación por parte de las fuerzas políticas -o algún tipo de acuerdo político en ese sentido- para que dichas facultades sean ejercidas en propiedad.

Al estar aún en un terreno de definiciones muy generales, es difícil evaluar en mayor detalle la propuesta presidencial, pero de lo que no cabe duda es que ningún acuerdo rendirá frutos si es que en el propio gobierno no existe la voluntad de rectificar las aproximaciones ideológicas con que hasta ahora ha enfrentado lo relativo al orden público, donde se siguen enviando señales particularmente equívocas que hacen muy difícil un entendimiento político como el que pretende lograr el Presidente.

En tal sentido, la actual administración ha sido renuente a invocar la ley antiterrorista en la Macrozona Sur, pese a la evidencia de que operan grupos con características de guerrilla rural; la discrecionalidad en la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, el dejar de aplicar el estado de excepción constitucional y con ello renunciar al uso de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia en zonas críticas -a pesar de que en paralelo el propio gobierno intenta en el Congreso aprobar un estado de excepción “intermedio”-, o el insistir que hay “presos de la revuelta”, buscando dejar sin sanción hechos graves, son señales particularmente equívocas y que dan cuenta de formas muy distintas de apreciar los hechos. Los recientes dichos de la ministra del Interior, quien calificó como acto de “protesta” los disparos con que su comitiva fue recibida en Temucuicui, o los zigzagueos respecto del uso de la fuerza por parte de la policía uniformada, son también expresiones de esta confusión que cruza a buena parte del oficialismo.

Un posible acuerdo político de ningún modo podría buscar validar estas contradicciones, sino que, por el contrario, debe ser una oportunidad para rectificar el rumbo en una materia prioritaria para el país.