Interrogantes a partir de reformas a Ley de Lobby

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley con el objetivo de modernizar la actual Ley de Lobby, dictada en 2014. La iniciativa contiene una serie de disposiciones que podrían ser pertinentes, como terminar con el distingo entre “lobistas” y “gestores de intereses”, estableciendo una categoría única, independientemente de si la actividad es pagada o no. También se incorporan normas sobre inhabilidades transitorias para hacer lobby en el tránsito del mundo público al privado y viceversa.

Pero hay otros aspectos que pueden resultar controversiales. Así, el proyecto establece deberes de información a quienes ejercen la actividad de lobby con mayor frecuencia, de modo que reporten ante el Consejo para la Transparencia todo evento o acción de influencia que realicen usando medios de comunicación social y plataformas sociales, sea de forma pagada o no. En el caso de los medios de comunicación, deberán indicar en cada ocasión que resulta aplicable si el mensaje que transmiten corresponde a una comunicación pagada, identificando al patrocinador del mensaje; además, trimestralmente deberán reportar de ello ante el Consejo para la Transparencia.

El proyecto de ley parece estar extendiendo el concepto de lobby a ámbitos en que ello puede resultar abiertamente discutible, confundiendo lo que es una actividad por lo general privada u “oculta”, con lo que públicamente se opine en medios de comunicación u otras instancias abiertas.

Una ley de lobby debería buscar regular las gestiones directas que se hagan ante las autoridades, de modo que la ciudadanía sepa quiénes están solicitando estas reuniones y los intereses que representan, a partir de lo cual se puede evaluar el tipo de gestión que se realiza y la respuesta de las autoridades. Pero no se entiende la pertinencia de extender el ámbito del lobby, por ejemplo, a columnas de opinión en medios de comunicación, que por definición son planteamientos públicos, que van firmados y no constituyen una gestión directa ni reservada ante la autoridad.

Es evidente que todo aquel que opina públicamente busca influir tanto en la opinión pública como en los tomadores de decisiones. La diferencia con el lobby es que justamente por tratarse de una opinión vertida públicamente, sus contendores pueden identificar fácilmente si hay algún conflicto de interés en quien la emite y denunciarlo, así como retrucar públicamente con otros puntos de vista, que es lo propio que hacen los medios de comunicación. Esta dinámica es lo más parecido a un registro público, haciendo innecesario reportar cuando las comunicaciones son pagadas o el catastro que se busca a través del Consejo para la Transparencia. En último término, la opinión pública y las autoridades son libres de tomar esos puntos de vista -eso también ocurre en el lobby-, y lo conveniente es juzgar las opiniones en su propio mérito.

Si bien la norma indica que los medios deberán informar si el mensaje que transmiten corresponde a una comunicación pagada, no corresponde que se imponga a los medios esta labor de “fiscalización”, porque no siempre es posible saber si tal opinión fue pagada o los conflictos de interés que pueda haber detrás, y en caso de que sea una columna por la que el medio haya pagado, en último término forma parte de su libertad editorial publicarla como también incluir puntos de vista contrarios. De allí que los cambios deberían atenerse a lo que propiamente tenga que ver con lobby, evitando estas confusiones.