Intervención política en decisiones de inversión

La descarada forma en que un grupo de seremis y la delegada presidencial se concertaron con el fin de rechazar el proyecto inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable (comuna de Ñuñoa) en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana, dista de ser un hecho puramente anecdótico. En un breve intercambio de whatsapps entre estos funcionarios -que dio a conocer este medio- se pudo constatar que la decisión de oponerse ya estaba tomada y con ese fin se intentaban improvisar sobre la marcha razones que le dieran aparente sustento técnico a dicha decisión, haciendo ver la importancia de que el gobierno se viera unido. La seremi de Vivienda incluso llegó a decir que “estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento no tengo”.

Finalmente, la Comisión -por cinco votos en contra, y solo dos a favor del proyecto, uno de ellos de la seremi de Vivienda y el otro del SEA- resolvió paralizar el proyecto, pese a que éste contaba con su permiso de construcción, y el Servicio de Evaluación Ambiental había recomendado a dicha instancia aprobar el proyecto. Así, una obra que contempla una inversión de US$ 300 millones está detenida desde abril y ha debido prescindir de un considerable número de trabajadores, sin tener certeza si logrará reanudar faenas, pues aún falta que se pronuncie la Corte Suprema.

Resulta ciertamente insólito que frente a una situación tan escandalosa como ésta, que pone en grave entredicho la solvencia de la institucionalidad y supone una evidente amenaza para la inversión, el gobierno no se haya referido al caso, sobre todo considerando que los involucrados son funcionarios de su exclusiva confianza. En tal sentido, es indispensable que la autoridad despeje con prontitud y plena transparencia cómo fue que se llegó a esta decisión, y de qué forma puede brindar garantías de que actuaciones tan irregulares como éstas no vuelvan a suceder. Esto sin perjuicio de que deben hacerse efectivas las responsabilidades del caso, pues además de que resulta evidente que se han pasado a llevar las obligaciones de imparcialidad que le caben al Estado y de justificar fundadamente sus decisiones, sería una señal de que un acto así no puede quedar en la impunidad.

El caso de esta inmobiliaria se ha visto además empañado ante revelaciones de que la hija de un juez de la Corte Suprema buscó retractarse de la promesa de compraventa porque habría sido alertada de que el caso judicial en torno a dicho proyecto podría tomar tiempo en despejarse, para luego, sin mayor explicación, seguir adelante con la operación de compraventa. Estos antecedentes exigen también ser aclarados por el máximo tribunal, porque no solo sugieren que se puede estar frente a un caso en que se usó información confidencial para sacar beneficio propio, sino que por tratarse de la máxima instancia judicial -que de hecho está conociendo de este caso- debe haber plenas garantías de su imparcialidad.

Frente a lo sucedido queda desde luego la preocupante impresión de que podríamos estar frente a una ideología preconcebida para frenar proyectos de inversión, tanto desde el gobierno como del sector judicial. La forma de despejarlo es precisamente esclareciendo todas las responsabilidades, pero el caso debería servir también para interrogarse acerca de nuestra actual institucionalidad y si ésta cuenta con los resguardos debidos para evitar que la ideología o los criterios discrecionales entrampen los procesos de inversión.

El problema que ha afectado a esta inmobiliaria probablemente refleja bien la realidad a la que se ven expuestos muchos proyectos de inversión en el país, ya sea que queden a merced de los vaivenes de la política, o bien detenidos por una maraña de recursos judiciales. Las crecientes dificultades para concretar grandes proyectos de inversión en Chile quedan reflejadas en un reciente catastro de la Cámara Chilena de Construcción, donde a nivel nacional se identificaron 49 proyectos de construcción con dificultades para su normal desarrollo producto de reclamaciones ambientales, que en conjunto representan inversiones por más de US$ 7 mil millones.

Otra instancia relevante en la institucionalidad ambiental, como el Comité de Ministros -la cual está integrada por una serie de ministros de Estado, cuyo fin es conocer y resolver los recursos de reclamación-, acumula por su parte inversiones pendientes de revisión por más de US$ 11 mil millones, entre los cuales se encuentra la minera Dominga, que tras más de una década de tramitación, aún no logra ver la luz. Fue esta iniciativa la que de hecho quebró el gabinete del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pues la mayoría del Comité de Ministros de la época resolvió confirmar el rechazo al proyecto por razones que no fueron compartidas por el equipo económico, motivando su renuncia. El actual Mandatario fue explícito en su campaña en rechazar este proyecto.

No resulta razonable que proyectos que han obtenido su autorización por parte de los estamentos técnicos o cuenten con sus respectivos permisos de construcción puedan demorar años antes de poder concretarse, producto de la discrecionalidad de las autoridades o por la maraña de recursos judiciales, y cuanto antes se pueda avanzar hacia sistemas que reduzcan los espacios para la arbitrariedad será una ganancia neta para el país.