Inútil y perjudicial veda a las encuestas

Justo en momentos en que la campaña electoral de cara al próximo plebiscito parece empezar a tomar más de fuerza, a partir del sábado los electores serán privados de contar con la información que proporcionan las encuestas. Esto en virtud de la veda que establece la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, según la cual en un plazo de quince días anterior a la elección o plebiscito no se podrán difundir pronósticos electorales.

Semejante restricción viene ocurriendo desde 2016, cuando se estableció dicha normativa. Su objetivo es “proteger” al electorado de verse expuesto a pronósticos que puedan ser intencionadamente manipulados, falsos o cuya metodología no brinde ninguna certeza, pero la masividad de las nuevas tecnologías en los hechos ha llevado a que estos supuestos resguardos no sólo sean hoy totalmente inútiles, sino que además contraproducentes.

En las redes sociales, ajenas a todo tipo de regulación por parte del Estado, proliferan un sinnúmero de pronósticos electorales, incluso encuestas falsas, y una prohibición como la actualmente vigente lo único que logra es dificultar que esos datos puedan ser contrarrestados públicamente a través de los medios de comunicación, lo que aumenta fuertemente el riesgo de que los electores se vean expuestos a engaños o manipulaciones.

La veda informativa no impide que se puedan seguir haciendo encuestas, pero sus resultados sólo pueden ser conocidos por quienes tienen acceso directo a dichos sondeos, o cuentan con contactos para acceder a ellos, generando un cuadro de injusta asimetría, al permitir que un reducido grupo de personas cuente con mayores ventajas informativas al momento de emitir su voto.

Distintos diagnósticos coinciden en que una de las mayores amenazas que enfrenta la democracia son la proliferación de fake news y la desinformación; por lo mismo, el mayor interés del Estado debería apuntar a eliminar el máximo de barreras para que la información fluya libremente y pueda ser cotejada. Es la propia ciudadanía la que finalmente debe evaluar qué encuestas le merecen confianza, para lo cual no es necesario crear una maraña de regulaciones.

Con esta veda inevitablemente también se está afectando el derecho que tiene la ciudadanía a ser debidamente informada, y en tal sentido las encuestas que se realizan seriamente brindan información que permiten sobre todo a los sectores de indecisos -que suelen ser bolsones amplios de la población- definir su opción electoral. Hay evidencia que muestra que muchos deciden su voto precisamente en las últimas semanas de campaña, por lo que carecer de información pública y actualizada no sólo limita sus posibilidades de elección, sino que también conlleva el riesgo que la decisión se adopte sobre pronósticos ya desactualizados.

Las vedas de encuestas en periodos previos a las elecciones son habituales en las democracias desarrolladas, pero prohibiciones tan extensas como la que establece la ley chilena son escasas. Es necesario por tanto avanzar decididamente hacia la derogación de esta restricción, y adecuarse a los estándares internacionales sobre la materia.