Irresponsabilidad previsional

Existiendo consenso transversal en que las pensiones deben mejorarse para buena parte de los actuales jubilados como para los que lo harán en el futuro, razón por la que se viene discutiendo un proyecto de reforma desde hace bastante tiempo, resultó desconcertante que el pasado mes de julio se aprobara, mediante una reforma constitucional, la opción de que los afiliados a las AFP pudieran retirar el 10% de sus ahorros previsionales para hacer frente a necesidades financieras surgidas de la pandemia, estableciéndose topes mínimos y máximos. Es decir, para resolver un problema de corto plazo -para el que había soluciones mejores- se optó por una medida que se contrapone absolutamente con lo que desde hace varios años se viene discutiendo para solucionar el problema de fondo de las pensiones.

De acuerdo a la Superintendencia del ramo 9,4 millones de personas efectuaron retiros, de las cuales 1,9 millones retiraron la totalidad de lo que tenían ahorrado, quedándose así sin un solo peso en sus cuentas para financiar una pensión cuando llegue el momento del retiro, para lo cual deberán empezar a ahorrar nuevamente, y de paso esto le impondrá una carga financiera al Estado de grandes proporciones. Pero eso no fue suficiente: también se incorporó la opción de que los ya jubilados bajo la modalidad de retiro programado -donde el afiliado mantiene la propiedad de los fondos- pudieran acogerse a la posibilidad de retirar el 10%, lo cual se traduce por definición en una reducción de su pensión -ya considerada insuficiente, y sobre la cual se está trabajando para mejorarlas- en aproximadamente el mismo 10%. Contradicción total.

Pero faltaba la guinda de la torta: la promoción de un segundo retiro del 10% de los fondos remanentes, y evaluar la opción de que los actuales afiliados bajo la modalidad de renta vitalicia también puedan retirar el 10%. En caso de aprobarse un retiro adicional, se estima que 2,3 millones de personas adicionales se quedarían sin saldo en sus cuentas, totalizando así más de 4 millones de personas absolutamente desprotegidas en lo que se refiere al pilar contributivo del sistema de pensiones. Y en cuanto a las rentas vitalicias, sus proponentes al parecer no saben que los afiliados no son dueños de esos recursos, porque al momento de la jubilación firmaron un contrato con una aseguradora, que a cambio de recibir esos fondos se comprometía a financiar el pago de una pensión vitalicia, hasta el fallecimiento del trabajador y del cónyuge, asumiendo la compañía el riesgo de sobrevida. Alterar esta situación viola el derecho de propiedad y la intangibilidad de los contratos, principios fundamentales en un estado de derecho.

Mirando la situación global, no cabe duda de que estamos frente a un cuadro de irresponsabilidad previsional absoluta, y que de seguir a este paso va a culminar con la demolición del sistema vigente. Eso es lo que está en juego, y ese es el objetivo que muchos persiguen. A no engañarse.