Isapres: un plan que no despeja las dudas

La semana pasada y cuando ya ha transcurrido más de la mitad del plazo fijado por la Corte Suprema para implementar el fallo que obliga a las Isapres a ajustar a la tabla de factores elaborada por la Superintendencia de Salud desde abril de 2020 y devolver los excedentes en los cobros si así fuera el caso, el gobierno finalmente entregó los primeros lineamientos de la ley corta que prevé presentar antes de fin de mes y principios del próximo. Según señaló la propia ministra de Salud ante la comisión del Senado, la idea es fijar un horizonte para el cumplimiento del fallo, que establezca el plazo y la forma en que se devolverán los dineros, lo que se realizaría a través del pago de excedentes. Además, agregó que mientras exista deuda con los afiliados “es importante que no haya retiro de utilidades”.

Según los cálculos hechos por el Ministerio y presentados a los parlamentarios, la deuda total ascendería a entre 1.260 millones de dólares y 1.400 millones de dólares y la idea planteada por la autoridad es que estos montos se restituyan a los afiliados mes a mes en un plazo que iría, tentativamente, entre los 24 y los 36 meses. “Lo que nosotros estamos planteando es que (las Isapres) tengan condiciones que son básicamente tiempo y algunas exigencias de eficiencia, de manera que ellas logren converger a un equilibrio financiero”, precisó la ministra, quien agregó que en la ley corta que se está trabajando se podría obligar a las aseguradoras a tomar medidas para hacer más eficientes. Un punto que reiteró ayer en su nueva comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, donde insistió que el tema plantea “un riesgo sistémico al sector salud”.

Si bien los lineamientos entregados por las autoridades muestran finalmente cierta proactividad de parte del gobierno tras meses de inacción, para hacer frente a una crisis que amenaza con un colapso no solo de las instituciones privadas sino de todo el sistema de salud, está lejos de despejar las dudas y dar tranquilidad ante al actual escenario. No solo se trata de una medida acotada que no apunta al fondo del problema, sino que, a la luz de la respuesta de las propias aseguradoras privadas, aumenta la incertidumbre sobre el futuro del sistema. Esto porque según las Isapres la devolución de los montos estimados por el Ministerio en los plazos sugeridos, manteniendo los equilibrios financieros, resulta inviable y le pone “la lápida al sector”. Según el titular de la Asociación de Isapres lo que sugiere el Ministerio es que el fallo provocará la quiebra de las instituciones y “ese no es el propósito de la sentencia, todo lo contrario”.

Más allá de las responsabilidades de las Isapres y del mundo político, que no reaccionó a tiempo ante la situación generada en los tribunales por las acciones contra las aseguradoras, la urgencia de la crisis exige a la autoridad diseñar un camino que tenga como principal objetivo proteger a los usuarios del sistema. Para ello, no solo se debe elaborar un plan realista que permita dar cumplimiento al fallo de la Suprema, sino despejar las dudas que han rodeado al tema. Para algunos sectores del oficialismo el debilitamiento del sistema puede ser visto como funcional al objetivo de terminar con el actual modelo de salud privada. Pero lo anterior no puede ser a costa de los 3 millones de usuarios de las Isapres ni de los más de 15 millones que se atienden en Fonasa y que verían doblemente saturado su sistema ante el eventual colapso del sector privado.