Jueces amenazados por el crimen organizado

Ha sido materia de fuerte preocupación el antecedente de que un grupo de jueces del Séptimo Juzgado de Garantía se encuentra en este momento con medidas especiales de protección, luego de que se conociera que el Tren de Aragua -uno de los carteles más peligrosos de la región, con base en Venezuela- habría estado fraguando un plan para atentar en contra de un juez de dicho tribunal y su familia. Puesto que anteriormente ya habían existido algunos intentos de amenazas en contra de algunos integrantes de dicho tribunal, se ha optado esta vez por brindar una protección más amplia.

La intimidación a este juez, de la cual dio cuenta este medio y que fue confirmada por el gobierno, ha despertado reacciones en el mundo judicial, el Ejecutivo y también en el plano político, existiendo coincidencia en que se trata de un hecho de suma gravedad.

Los casos en que fiscales o jueces han sido objeto de amenazas por parte del crimen organizado no son nuevos -en estas mismas páginas se ha alertado precisamente sobre ello-, pero el hecho de que los episodios se estén multiplicando -y tal como ocurre en el caso de este juzgado de garantía, con amedrentamientos muy intimidantes- obliga a que el Estado asuma este problema como una prioridad total. Para la democracia y su estabilidad institucional es fundamental que toda la cadena que opera en el ámbito judicial pueda llevar a cabo su tarea con la máxima independencia posible, lo que no solo pasa por aislarse de las presiones políticas, sino asegurar la integridad de quienes están a cargo de esta delicada y fundamental labor.

La experiencia en América Latina respecto de la amenaza que puede llegar a representar el crimen organizado para los países resulta suficientemente aleccionadora. Particularmente decidor es el caso de Ecuador, donde hace solo unos meses un candidato presidencial fue asesinado previsiblemente por haber sido un duro detractor del crimen organizado. Entre 2022 y lo que va de este año cuatro fiscales han sido asesinados en dicho país. Cabe tener presente que en el caso de Chile, aunque no se han registrado asesinatos, un reciente estudio de la Asociación Nacional de Fiscales reveló que 192 persecutores han sido objeto de algún tipo de amenaza, y 70 indicaron que son regularmente resguardados por la PDI o Carabineros.

El Tren de Aragua es una organización conocida por sus crueles métodos para actuar -en la zona norte de nuestro país de hecho se han descubierto alevosos asesinatos de su autoría, precedidos de aberrantes métodos de torturas-, cuentan con capacidad para organizarse incluso con sus integrantes operando desde la cárcel y una de sus formas predilectas es la extorsión. Otros peligrosos carteles también ya se encuentran operando en Chile, lo que refuerza la necesidad de tomarse en serio esta amenaza. En tal sentido, es una buena noticia el que las policías en conjunto con el Ministerio Público se hayan anotado una serie de éxitos desbaratando algunas bandas que operan dentro de estos carteles, pero por lo mismo para asegurar que estas investigaciones puedan seguir rindiendo frutos es fundamental que quienes lideran dichas indagaciones cuenten con todos los resguardos necesarios.