La amenaza del terrorismo

El Índice Global de Terrorismo 2023 -indicador elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), con sede en Sidney-, ha traído registros especialmente preocupantes para el caso de Chile, pues en el ranking global nuestro país se ubica en el lugar 17, siendo la nación más impactada entre aquellas definidas bajo la categoría “sin conflictos”. En la región solo Colombia se encuentra por delante de Chile (en el lugar 15), si bien en el caso de este último país el informe destaca la notable disminución de los ataques terroristas y las víctimas fatales respecto de la realidad que se vivía en 2008.

Ciertamente ya es un hecho particularmente grave estar entre los 20 países más afectados por el flagelo, pero el cuadro resulta todavía más preocupante al mirar las tendencias de largo plazo. Por de pronto, el país bajó un lugar respecto del ranking 2022, pero todavía más llamativo es el pronunciado deterioro que se ha producido desde 2017, cuando el país se ubicaba en la posición 63 (Colombia, por su parte, se posicionaba entonces en el lugar 29). En 2020 Chile figuraba en la posición 47, y un año después cayó al lugar 18. El país ha experimentado 1.170 actos de terror entre 2012 y 2022, con un total de 20 víctimas fatales. El reporte hace ver que la mitad de estos ataques y de los fallecidos han ocurrido en los dos últimos años.

Aunque en este informe no se indagan en las causas que han llevado al incremento del terrorismo en Chile, en reportes anteriores representantes del IEP habían hecho ver que la mayor parte de los ataques terroristas se explican por la violencia impulsada por grupos indigenistas, especialmente en la región de La Araucanía y zonas aledañas. Esto resulta plenamente consistente con el hecho de que precisamente la Macrozona Sur se encuentra bajo estado de excepción constitucional desde octubre de 2021 a raíz del incremento de los hechos de violencia, medida que si bien fue suspendida al inicio de este gobierno, a poco andar fue necesario reactivarla y desde entonces el gobierno ha solicitado al Congreso su renovación permanente.

Pese a la contundencia de la realidad, el debate sobre terrorismo en el país ha sido abordado con particular sesgo ideológico cuando no frivolidad, lo que no solo se ha traducido en que las condenas por conductas terroristas han sido escasísimas -sin que hasta la fecha se hayan logrado consensuar reformas que permitan la operatividad de esta norma-, sino que ha sido evidente la actitud negacionista de algunos sectores, que pertinazmente se niegan a calificar de terroristas los ataques en la Macrozona Sur. Es decidor que recién en noviembre pasado el Presidente Gabriel Boric reconociera que en La Araucanía se han producido hechos de carácter terrorista.

Los datos que muestra el IEP constituyen un potente llamado de atención tanto al gobierno como a la clase política, lo que exige actuar de acuerdo con la gravedad que representa este fenómeno. En la medida que una serie de grupos puedan seguir actuando en impunidad la violencia terrorista seguirá en aumento, lo que supone un riesgo gravísimo para el conjunto de la población, además de proyectar una imagen internacional de país inseguro. Por ello el Estado no solo debe reforzar sus capacidades para combatir con decisión este flagelo, sino que ha de asegurar que cuanto antes se disponga de una ley que asegure sanciones efectivas para este tipo de conductas, pues lo contrario resulta profundamente irresponsable y contrario a la Constitución, la cual declara al terrorismo, cualquiera sea su forma, como contrario a los derechos humanos.