La arriesgada decisión del Ministerio de Educación

La reciente decisión del Ministerio de Educación (Mineduc) de proseguir con la implementación de cuatro nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), a pesar de los reiterados problemas observados en los últimos años, ha suscitado cuestionamientos sobre su conveniencia y ha motivado llamados a una implementación más cautelosa, así como a urgir reformas legales para perfeccionar integralmente la Ley N° 21.040, que quita a los 345 municipios el control de los establecimientos y crea 70 SLEP a lo largo del territorio nacional.

Tras un paro educativo de 80 días en Atacama, quedaron de manifiesto las deficiencias de la Nueva Educación Pública que se está implementando a nivel nacional, impulsada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Este suceso desencadenó una respuesta legislativa que suspendió temporalmente la implementación de la reforma, con la excepción de aquellos SLEP que, de acuerdo con evaluaciones meticulosas del Mineduc, estuvieran preparados para su lanzamiento a partir del 1 de enero de 2024. Fue así como hace poco, el Ministerio resolvió que cuatro de los seis SLEP programados para comenzar su implementación lo harán en la fecha que les correspondía.

Los recientes resultados de las pruebas PISA y Simce han revelado deficiencias en la calidad de la educación en Chile, especialmente entre los estudiantes de bajos recursos. Considerando que más de dos tercios de los alumnos de entornos desfavorecidos asisten a escuelas municipales o a establecimientos dependientes de los SLEP, la erradicación de esta desigualdad injustificada requiere, aunque no de manera exclusiva, una acción urgente para fortalecer la educación en estas entidades. Los consistentes bajos resultados alcanzados por la educación escolar estatal también plantean serias interrogantes sobre la eficacia de la reforma educativa en curso y su capacidad para afrontar estos retos fundamentales en la educación de la juventud chilena.

Un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) sistematizó 24 auditorías realizadas por la Contraloría, concluyendo que, lamentablemente, los hallazgos no estaban circunscritos exclusivamente al bullado SLEP de Atacama, sino que eran estructurales en la mayoría de los servicios. Peor aún, gran parte de las deficiencias habían sido advertidas previo a la promulgación de la ley y se han reiterado durante estos años de implementación. La reforma, en su estado actual, enfrenta problemas de diseño y coordinación, gestión técnico-pedagógica, infraestructura y finanzas, así como de integración con las comunidades a las que buscan servir. Es esencial que los esfuerzos de la reforma educativa se traduzcan en mejoras concretas dentro de las aulas y que se aborden las deficiencias legales. Esto incluye la necesidad de armonizar la autonomía de los proyectos educativos con la gestión burocrática, algo que la Ley N° 21.040 y otras normativas asociadas están lejos de facilitar.

Proseguir con la implementación de los SLEP, desoyendo las advertencias y los poco alentadores resultados, constituye una estrategia equivocada por parte de la autoridad. Aunque tampoco se puede obviar que suspender el proceso conlleva sus propios costos, el Mineduc ha tomado una decisión arriesgada de la cual el ministro se ha hecho responsable con su rúbrica de la correcta implementación de estos nuevos SLEP.

Al precipitarse en esta decisión sin esperar las urgentes correcciones a la Ley N° 21.040, se corre el evidente riesgo de que el futuro de estos nuevos cuatro SLEP sea similar al de varios de los ya existentes, dado que deberán enfrentar las mismas dificultades, lo que representa un evidente riesgo para estas comunidades escolares, algo que inexplicablemente la autoridad ha pasado por alto.