La columna de Joaquín Villarino: “A un año de la aprobación del nuevo Royalty Minero”

A un año de la aprobación de la nueva Ley de Royalty Minero, que se promulgó en agosto del año pasado y significó un aumento de la carga tributaria de las compañías en un 15% en promedio, la minería ha fortalecido su peso en la economía de nuestro país: actualmente atrae el 17% de la inversión, es responsable del 56% de las exportaciones, genera el 21% del PIB con encadenamiento productivo, representa el 10% de empleo directo e indirecto y contribuye con el 9% de los ingresos fiscales del país.

Para dimensionar los ingresos del Estado provenientes de este nuevo tributo, sólo en el primer trimestre de 2024 se sumaron más de US$53,5 millones, que equivale a un incremento de un 31,1% de ingresos fiscales con respecto a la antigua legislación, los que benefician a 307 comunas a nivel nacional, según datos del Ministerio de Hacienda. Las previsiones indican que en el segundo trimestre se recibieron ingresos adicionales por más de US$58,7 millones.

El dinero llegará este año gracias al mecanismo “Fondos Puente”, que se compone por el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, orientado a los gobiernos regionales a través de sus presupuestos de inversión para las comunas; el Fondo de Equidad Territorial, que busca reducir las brechas que existen entre los ingresos de los municipios; y por el Fondo de Comunas Mineras, que está orientado a fomentar beneficios para las comunidades en las 43 zonas de 6 regiones del país donde hay actividad minera.

Como los criterios de estos fondos no son excluyentes, habrá 36 comunas que recibirán recursos por parte de los distintos fondos. Asimismo, como menciona un dictamen emitido por la Contraloría, el mandato para estos recursos es la inversión en el fomento productivo, promoviendo el desarrollo regional y de las comunidades locales. Se trata de muy buenas noticias para el progreso del país.

Dichos recursos, que alcanzarían US$229 millones adicionales en 2024, si se mantiene el ritmo actual, se deberían traducir en diversas mejoras para la calidad de vida de las personas, sea en seguridad, infraestructura, conectividad y, en general, en proyectos que mejoren la calidad de vida y el desarrollo, regional y comunitario, en la forma en que lo determinan los propios destinatarios de los recursos y sus comunidades.

En 2025, en que ya estará en pleno régimen, el royalty podría recaudar US$1.400 millones, de los cuales US$450 millones irán directamente a las comunas.

Pero la minería chilena no sólo es clave para el desarrollo del país, sino también para el mundo. Hoy vivimos tiempos donde Chile es un productor clave de minerales críticos, llamado a ser protagonista en la transición energética mundial y en el combate a los efectos del cambio climático. Los desafíos son múltiples; entre otros, tal como lo señala la Agencia Internacional de Energía, es probable que la demanda de estos minerales, en particular del cobre, exceda con creces la oferta. Incrementar nuestra producción y materializar la cartera de proyectos mineros no sólo parecen ser desafíos clave para el país, sino una responsabilidad global. Sin cobre no hay transición energética exitosa.

Por todo lo anterior, desde la industria, una vez más, invitamos al Gobierno y al Poder Legislativo a redoblar esfuerzos en la materialización de la agenda legislativa y reglamentaria que permita una respuesta más ágil y eficiente a la autorización de proyectos. El sector está comprometido en la ejecución responsable, esto es, con el debido cuidado del medioambiente y respeto de las comunidades. No sólo nos jugamos mayores recursos para el país y sus más de 300 comunas, sino en una decisiva contribución a la transición energética. Chile está en una posición estratégica única como proveedor de minerales críticos, no perdamos esta oportunidad.

- El autor es presidente ejecutivo del Consejo Minero