La compleja realidad que vive Gendarmería

La crisis de inseguridad que vive el país -fundamentalmente por la expansión del crimen organizado- exige una respuesta integral. Aumentar el número de recintos penales, así como los funcionarios a su cargo, es una dimensión fundamental en la solución del problema, pero muchas veces se pasan por alto las precarias condiciones en que precisamente deben operar los funcionarios de Gendarmería, donde ha sido posible observar una serie de falencias que no solo están complotando para el adecuado ejercicio de las funciones que dicha institución está llamada a desempeñar, sino que además se están creando condiciones propicias para el aumento de los casos de corrupción. Hacerse cargo de estos problemas también debe formar parte de una estrategia integral para enfrentar la inseguridad, porque en la medida que el sistema penitenciario no pueda cumplir bien con su rol es difícil cortar la cadena del delito.

Desde luego, el hecho de que la mayor parte de los recintos penitenciarios del país estén sobrepoblados -y algunos incluso con niveles de hacinamiento- reviste importantes riesgos, tanto porque se hace más difícil el control efectivo por parte de Gendarmería, se mezclan reos de distinta peligrosidad -con lo cual se crea una “escuela del delito”, y las posibilidades de lograr mejores índices de rehabilitación se debilitan- y se favorece que bandas puedan controlar internamente a las cárceles, imponiendo sus propias reglas, extorsionado y generado lucrativos mercados con la venta de celulares o drogas -esta última puede costar ocho veces más lo que se paga por ella en el exterior-. Cuando el país ya se aproxima a los 60 mil reclusos en régimen cerrado, aumentar el número de plazas en los recintos penitenciarios y mejorar su infraestructura interna es una tarea fundamental.

Pero ello por sí solo no basta, tal como lo demuestra un reciente estudio del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, el cual revela una serie de falencias al interior de Gendarmería, tanto en la formación de los gendarmes, un clima laboral complejo, falta de reconocimiento por su trabajo y problemas de salud mental. Asimismo, cerca de la mitad asimila que su rol fundamental es custodiar presos, antes que atender también a su rehabilitación. Con todo, probablemente el hallazgo más preocupante de esta investigación es que el 63% declara haberse enterado de actos de corrupción de algún compañero, 57,8% de que algún gendarme realizó actos ilícitos por un interno y el 56% conoce de consumo problemático de alcohol y/o drogas.

Aunque Gendarmería cumple en general bien su papel y muchos funcionarios muestran abnegación en su tarea, es un hecho que los casos de corrupción van en aumento, de la mano de bandas que siguen operando al interior de las cárceles. Sorprende, por ejemplo, que entre 2022 y 2023 se incautaron cerca de 10 mil celulares, 45 kilos de drogas y más de 20 mil armas blancas. También se ha observado un aumento de los casos de funcionarios que han sido removidos por actos de corrupción. La existencia de personal actuando en complicidad con estas bandas o directamente trabajando para ellas reviste un evidente peligro, lo que exige una intervención mucho más enérgica para combatir este flagelo.