La cuestionada gestión de la alcaldesa de Santiago

Los jefes comunales son siempre figuras importantes de la política chilena. Por su foco en los problemas más concretos y reales de la gente, tienden a ser más cercanos y conocidos en sus comunas y, por ende, más populares cuando lo hacen bien, algo que incluso puede llegar a proyectarse a nivel nacional cuando tienen una labor muy destacada. Esto es muy evidente en el Chile de hoy, donde un grupo de alcaldes figura entre los personajes públicos mejor evaluados del país. Se trata de Evelyn Matthei, Rodolfo Carter y Germán Codina, que aventajan por mucho en percepción positiva a cualquier otro político, ya sea que se trate de parlamentarios o miembros del gobierno.

Evidentemente, no todos los jefes comunales tienen un alto nivel de aprobación. Algunos incluso concitan muy bajo apoyo en la opinión pública. Un ejemplo de ello es la alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler, militante del Partido Comunista, que de acuerdo con la encuesta Cadem es una las figuras públicas peor evaluadas, con un 61% de imagen negativa.

¿Qué puede explicar aquello? Lo primero y más importante es la calidad de su gestión. Porque a diferencia de lo que sucede con otros personajes públicos, cuya evaluación está muy ligada a sus ideas políticas, en el caso de los alcaldes casi toda su aprobación viene por la forma en cómo está resolviendo los desafíos de su comuna, donde son fundamentales aspectos como la seguridad, limpieza, educación y salud, entre otros.

Por ello, no es extraño que la alcaldesa de Santiago esté mal evaluada, atendiendo el nivel de deterioro de la comuna. Luego de tener algunos de los colegios más emblemáticos de Chile, hoy en varios de estos reina la violencia y el abandono. La mayor parte de las empresas ha dejado el centro, un lugar donde el comercio clandestino, la violencia y el desorden parecen reinar. Para qué hablar de los daños que Santiago sufrió durante el estallido social, muchos de los cuales todavía no han podido ser recuperados.

En este contexto, esta semana Hassler ha hecho noticia por el cambio de nombre de 12 calles, plazoletas y puentes emblemáticos de la comuna, por el de víctimas de violaciones a los derechos humanos, iniciativa que es parte de la agenda que impulsa el municipio con motivo de los 50 años del Golpe de Estado.

La medida ha sido fuente de muchas críticas por los vecinos de la comuna, quienes señalan, en primer lugar, que nunca fueron consultados de algo que es tan propio como el nombre de la calle en que habitan. Hay que tener presente que un cambio de nombre implica una modificación del domicilio postal, legal y económico, con todos los costos que ello conlleva. Por otra parte, también se ha planteado el daño histórico que significa para la comuna, ya que dentro de las calles que cambian nombre en parte de su trazado está General Bulnes, Rozas y Huérfanos, además del puente Loreto, por mencionar algunas zonas con larga tradición.

Pese a las protestas de vecinos, la alcaldesa viajó al Congreso para buscar apoyo político a su medida, señalando que con ella “Santiago comienza a sanar las heridas infligidas por la dictadura”, dejando claro que se trata de una medida política que tiene escasa o nula relación con los intereses o preocupaciones de los vecinos de la comuna.

Y aquello fue ratificado durante la votación en el concejo municipal, instancia donde se aprobó el proyecto por nueve votos a favor y dos en contra, gracias a la amplia mayoría de los sectores afines a la izquierda. En la oportunidad, la concejala del PC, Virginia Palma -que propuso cambiar el nombre de la calle Carabineros de Chile por el de Derechos Humanos-, señaló que las consultas ciudadanas solo son pertinentes para temas como cambiar el sentido de una calle, “pero acá estamos hablando de memoria y derechos humanos”. En suma, a ojos de la concejala y la alcaldesa, en democracia la voz de las personas es importante solo en problemas menores, no en las cosas importantes o que atañen a la comunidad.

Todo esto resulta aún más contradictorio cuando han sido justamente los sectores de izquierda -en particular el PC y el Frente Amplio- los que han enarbolado la participación ciudadana o las consultas a los habitantes de los territorios como una de sus principales banderas de lucha, pero sin embargo inexplicablemente en este caso tal predicamento se pasa por alto, por razones pueriles.

Así, en vez de hacer su trabajo, que es precisamente atender los problemas de los habitantes de la comuna e impedir que esta siga deteriorándose, la alcaldesa en los hechos está utilizando el cargo para su propia agenda política -que lamentablemente en este caso instrumentaliza un tema tan sensible como es la violación a los derechos humanos- y para imponer sus ideas. No debe extrañar entonces que no solo sus vecinos estén molestos, sino también el resto del país, tal como se refleja en las encuestas.