La economía y las pensiones

Diputados de oposición
Diputados de oposición festejando la aprobación en la Cámara de la idea de legislar del proyecto que permite el retiro de fondos de pensiones por la pandemia.

Desde varios puntos de vista, el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP está muy mal diseñado. No obstante, la economía no opera en un vacío institucional y político. Y es tarea de todos, incluido el economista, hacerse cargo de transmitir a la ciudadanía lo que está en juego.



¿Cómo explicar lo ocurrido en la Cámara de Diputados con el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP? A pesar del consenso de un grupo diverso de economistas respecto de la superioridad de la alternativa ofrecida por el Gobierno, muchos prefirieron votar a favor de la iniciativa. ¿Cómo explicar que una masiva y transversal recomendación técnica haya caído en oídos sordos?

Para algunos, Chile ha venido despreciando hace décadas el valor público de la ciencia económica, y ahora estaríamos pagando las consecuencias. Para otros, las causas deben buscarse en diagnósticos equivocados respecto de lo ocurrido en Chile a partir de octubre. Por último, hay quienes enfatizan la ineptitud política y comunicacional del gobierno. Todos estos factores son pertinentes, sobre todo si damos por descontado que la explicación obedece a varias causas. Cuál de ellas sea la dominante es algo que podemos discutir ad eternum. Lo importante, por ahora, es identificar todas las que hayan jugado un papel relevante. Y me parece que hay una que no ha recibido suficiente atención: el modo en que los economistas participan del debate público. Para ilustrar el punto puede resultar útil recurrir a un economista de talla mundial que pasó parte importante de su carrera rumiando este problema. Se trata de James M. Buchanan, ganador del Nobel de economía en el año 1986.

Para Buchanan la función pública del versado en ciencia económica puede resumirse así: el economista debe resistir la tentación de ofrecer recomendaciones técnicas sin considerar las complejidades del proceso político. Empleando una metáfora, que aplicada al caso chileno resulta particularmente peliaguda, Buchanan señala que el economista no debe dar consejos al gobierno como si estuviera hablando con un dictador benevolente (no es casualidad que, a diferencia de Friedman o Hayek, Buchanan haya rechazado tajantemente algunas invitaciones a pisar el Chile de los ochenta). En una carta privada a su colega D. Rutledge Vininig, el célebre Nobel muestra su preocupación “por la facilidad con la que muchos economistas hacen suya la tarea de proponer medidas concretas, como si tuvieran línea directa con Dios”. A ojos de Buchanan, esa actitud corresponde exactamente a la definición de arrogancia.

Si bien el fundador de la teoría de la elección pública admitía que es muy fácil caer en esa tentación, concluye su carta a Vining señalando que esta “debe ser evitada cada vez que sea posible”. Cuando hacerlo se vuelve inviable solo queda un remedio: explicitar los fundamentos filosóficos y políticos que subyacen a las propuestas o críticas del economista. Y es que Buchanan da por supuesto que cada que vez proponemos o rechazamos una política pública, sumergimos nuestros pies en aguas normativas. Por tanto, cuando el economista participa de la deliberación democrática debe hacerlo como un ciudadano más, no como un observador imparcial y omnisciente.

Las palabras de Buchanan son duras y puede que muchos las consideren exageradas. Pero no deja de ser cierto que tanto economistas como ciudadanos hemos puesto poca atención al modo en que se comunican las políticas públicas. No han faltado economistas de centroderecha que, en los últimos días, han constatado que sus respuestas son, por lo general, tardías y de carácter reactivo. Al mismo tiempo, parece haber pocos economistas que, anticipándose, estén articulando activamente un modelo económico sostenible para el Chile postpandemia.

Lo anterior no implica negar que, desde varios puntos de vista, el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP está muy mal diseñado. No obstante, la economía no opera en un vacío institucional y político. Y es tarea de todos, incluido el economista, hacerse cargo de transmitir a la ciudadanía lo que está en juego. Para ello debe salir de su zona de confort: hablar con la autoridad del ciudadano genuinamente empeñado por el bien común, y no asumir el papel del experto omnisciente que delega en otros –los comunicadores– la tarea de transmitir la sabiduría que viene de lo alto. La división del trabajo es un gran principio de la ciencia económica, pero como bien observó Adam Smith los beneficios de la especialización están limitados por la extensión del mercado. Más limitados aún serán si lo que está en juego no es un proceso de mercado, sino uno de deliberación política (aunque en ella también haya transacciones mercantiles). Por tanto, delegar en otros el trabajo propiamente deliberativo para concentrarse en identificar las falencias de una propuesta legislativa es insuficiente.

Mucho está en juego en esta discusión, partiendo por un análisis profundo sobre los problemas de legitimidad política del sistema de capitalización individual. Se trata, sin duda, de una de las tareas más importantes que enfrenta el economista actual. En la medida en que logre explicar, en sede propiamente política, aquello que está en juego, podrá saldar la deuda que tiene con todos quienes han cumplido su parte en el pacto social implícito de nuestro sistema de pensiones: los miles de chilenos que llevan décadas ahorrando y que ahora podrían ver el ahorro de toda una vida severamente afectado.