La importancia de que la política encuentre mínimos comunes

El informe que ha evacuado la comisión técnica de pensiones -instancia creada al alero de la Comisión de Trabajo del Senado- no logró ponerse de acuerdo en dos de los aspectos fundamentales que han impedido hasta la fecha alcanzar un acuerdo político para destrabar la reforma de pensiones. En particular, si bien los comisionados concordaron en la necesidad de aumentar el ahorro previsional de los chilenos en seis puntos -esto con cargo al empleador-, no hubo acuerdo en cómo distribuir dichos fondos. Con ello se replicó lo que ocurre entre oposición y gobierno, donde mientras el primer bloque aboga por que estos seis puntos se destinen a la cuenta individual, la propuesta del gobierno apunta a que la mitad vaya a financiar un seguro social.

Tampoco hubo consenso en obligar la separación de funciones de la AFP en un administrador de cuentas y gestores de inversiones; de allí que la recomendación fue no promover dicho cambio.

Es razonable que ante estos resultados cruce un cierto sentimiento de frustración, porque si una instancia técnica no ha logrado resolver estos nudos, difícilmente lo podrá hacer la política. Esto por supuesto arriesga que la reforma previsional siga dilatándose, postergando así un indispensable mejoramiento de las pensiones. Con todo, no deberían minimizarse los acuerdos que sí alcanzó la comisión, que son numerosos y referidos a materias muy relevantes, lo cual ayuda a que se pueda ir pavimentando un camino para avanzar en todo aquello donde sí hay puntos de entendimiento.

Un aspecto importante, por ejemplo, es que en materia de Pensión Garantizada Universal se concordó en no aumentar la cobertura al 100% de la población, ante recursos fiscales limitados, pero sí anclarla a la línea de la pobreza. También hubo avances en la solidaridad intergeneracional, conviniéndose que beneficie más a mujeres que a hombres.

Son aspectos que desde ya pueden constituir los fundamentos de una futura reforma previsional, por lo que sería un error que el gobierno y el Congreso los desecharan. Incluso no cabe descartar que una vez plasmados estos aspectos en una legislación, ello podría ayudar a allanar las posturas para alcanzar acuerdos en aquellos aspectos donde hoy, por razones ideológicas, no se ve factible.

El informe de la comisión técnica tiene un valor adicional, porque también muestra un camino para todo el mundo político, ya que ante la falta de acuerdo en las más diversas materias se hace evidente la importancia de contar con mínimos comunes a partir de los cuales poder comenzar a edificar acuerdos.

Una mirada a lo que ha sido la tramitación de grandes reformas en los últimos años permite apreciar lo mucho que ha costado ponerse de acuerdo en asuntos básicos. El ámbito previsional es quizás el más emblemático, pero también se observa que el país hace años que intenta consensuar una reforma tributaria, sin éxito. En materia educacional ha sido posible advertir la proliferación de visiones sumamente ideológicas, que a pesar de la contundente evidencia de que algunos de los cambios introducidos hace algunos años no han funcionado o están dañando a los propios alumnos, hay resistencia para corregirlos. En ámbitos como la explotación de nuestros recursos naturales -el caso del litio, por ejemplo-, también vemos la constante dificultad para encontrar puntos de acuerdo.

Ante este agrio panorama da la impresión de que el desacuerdo es total, pero tal como ha mostrado la comisión técnica de pensiones, un examen más calmado, punto por punto, lo más probable es que devele que, contra lo que podría pensarse, generalmente hay aspectos en los que sí hay más posibilidades de consenso, y lo que cabría esperar es que por ahí se empiecen a construir los acuerdos. Separar entonces los aspectos problemáticos de aquellos donde hay más posibilidades de entendimiento es un buen punto de partida.

Un camino como el descrito también se va a encontrar con dificultades, porque a veces para que una reforma funcione no basta con despejar aspectos secundarios sin antes resolver materias medulares. En el caso de las pensiones, por ejemplo, no basta con ponerse de acuerdo en la importancia de introducir elementos de solidaridad, si primero no se resuelve cómo se financiará aquello.

Tampoco se puede obviar que incluso el mejor acuerdo técnico puede terminar naufragando si es que la propia política decide hacer prevalecer ante todo los intereses particulares o sus propias fijaciones, tal como ocurrió en el caso de la crisis de las Isapres, donde pese a que una comisión técnica transversal -también convocada al alero de una comisión del Senado- evacuó un informe por unanimidad, sus recomendaciones más fundamentales terminaron no siendo consideradas. Aun así, ello no debe desmerecer la importancia de perseverar en los mínimos comunes, tan escasos hoy en nuestra política.