La importancia de volver al voto obligatorio

Uno de los debates que deberá enfrentar el país tras el reciente plebiscito constitucional, es si cabe restaurar el voto obligatorio como regla general para nuestros procesos electorales. Chile, como se sabe, migró al voto voluntario en 2009, y la obligatoriedad fue consagrada excepcionalmente para este referéndum. Si bien es anticipado dar por establecido que dicha obligatoriedad fue lo que explicó que terminara votando el 85% del padrón, algo fuera de todo pronóstico -los sondeos previos indicaban que la población estaba altamente motivada en participar, y sin duda la georreferenciación, que acercó los lugares de votación a los electores, también fue una contribución importante-, sin duda incidió, comprobando la relevancia de que la mayoría se involucre en los procesos electorales, pues de esa forma el resultado es mucho más representativo y cohesiona al país. A la luz de esta experiencia, parecen estar todas las condiciones para rectificar y volver al voto obligatorio.

Es un hecho que la mayor parte de los países se ha inclinado hacia el voto voluntario -es por de pronto la regla en la mayor parte de Europa, también en Estados Unidos-, y es más bien en el continente americano donde se observa una mayor prevalencia del sufragio obligatorio, donde el 52% de los países lo han adoptado. Pareciera entonces que a nivel internacional este es un asunto zanjado, y que transitar a esquemas de obligatoriedad sería una suerte de retroceso. Pero antes que atender a una cuestión meramente estadística, Chile debería tomar su decisión en función de lo que ha sido su propia experiencia en los casi diez años que lleva aplicándose el voto voluntario, y mirando el objetivo primordial de cómo mejorar la calidad de la política.

Con el voto voluntario la participación electoral descendió en forma instantánea a niveles muy bajos, pasando en el caso de las presidenciales de un 86% del padrón en 2009 -desde la década del 40, la participación siempre superó el 80%- a apenas 41% en 2013, con un peak de 55% en 2021, mientras que en las parlamentarias la caída también ha superado los 30 puntos. En el caso de las elecciones municipales, los números son aún más dramáticos.

Estas cifras relevan por de pronto uno de los problemas más importantes asociados al voto voluntario, esto es, los riesgos de la escasa representatividad de los elegidos en la medida que sean electos con muy baja votación, como ha sido el caso en Chile. Así, es inevitable interrogarse hasta dónde el rápido desgaste que han experimentado los mandatarios en estos últimos años, con los consecuentes costos en gobernabilidad, puede explicarse en alguna medida por el hecho de que han sido electos por menos de un tercio del total de votantes; asimismo, no cabe descartar que en la escasa valoración que hay del Congreso también incida el que abundan los casos en que se han elegido parlamentarios con discursos altisonantes o populistas que han sido electos con muy pocos votos.

Pero probablemente el aspecto más problemático del voto voluntario estriba en que cuando hay que motivar a que las personas salgan a votar, constituye un incentivo para que las campañas sean más extremas y éstas tiendan a la polarización. Las presidenciales de 2021 fueron un ejemplo elocuente de ello, generando un clima de tensión altamente inconveniente. En la medida que una mayor proporción de los votantes concurra a votar, hay más probabilidades de que las campañas se enfoquen en los contenidos antes que en solo apelar a los núcleos más motivados, lo cual es un elemento determinante para aspirar a mejorar la calidad de la política y el debate público. Este objetivo debería ser ciertamente lo más central para efectos de persuadir sobre la conveniencia de volver a un esquema obligatorio, porque si el sistema no genera los incentivos para una política de más calidad y para que emerjan políticos más competentes, los riesgos de desafección de la ciudadanía son mayores, además de abrir espacios al populismo, que tanto daño causa a la democracia.

La obligatoriedad en este plebiscito también probablemente ayudó a corregir otro de los problemas que en nuestro caso ha traído el voto voluntario, pues a diferencia de otros comicios esta vez se vio una mucho mayor participación en comunas de menores ingresos así como de sectores rurales, atenuando en forma muy importante la “elitización” del voto.

Estas son razones poderosas para sostener que el voto obligatorio ayudaría a que la política nacional y sus procesos electorales no queden encapsulados en los extremos, y más gente se involucre en las grandes decisiones del país, sintiéndose parte de un proceso y no solo como meros espectadores. Desde un punto de vista cívico, es también relevante que la sociedad vuelva a revalorizar las obligaciones que como ciudadanos se tienen con el país, una de las cuales es entender el voto como una forma de compromiso con la democracia y con la responsabilidad de elegir a las principales autoridades.

La experiencia de este plebiscito con voto obligatorio volvió a recordar lo relevante que significa para el país que la mayoría de la población participe en las decisiones colectivas, lo cual crea condiciones inmejorables para dejar atrás el voto voluntario. Coincide, además, con una mucho mejor disposición ciudadana para ello, como lo revela una encuesta posreferéndum de Panel Ciudadano UDD, en que un 70% se muestra partidario del sufragio obligatorio en todo tipo de elecciones.