La labor clave de los expertos para el proceso constitucional

El Consejo Constitucional finalmente despachó el borrador de Constitución, el cual, de acuerdo a lo establecido, vuelve ahora a la Comisión Experta que, a partir de ayer sábado, tiene cinco días para hacer llegar sus observaciones. En este proceso, si los expertos llegaran a proponer cambios en el texto, estos deberán volver a ser analizados en el pleno del Consejo, para su aprobación o rechazo.

Entramos así en la tercera etapa del proceso constituyente y que culminará con el plebiscito del 17 de diciembre, donde la ciudadanía deberá pronunciarse si aprueba o no el texto que se le propondrá.

Frente a esto, existe un consenso en que lo ideal para el país sería que el proyecto logre ser aprobado, para que se cierre con éxito un ciclo que ya ha sido demasiado largo y cuya incertidumbre ha tenido efectos muy negativos en la economía, sobre todo en la inversión, para la cual la existencia de reglas claras es fundamental.

Pero terminar con la incertidumbre no es la única razón que avala la necesidad de que se apruebe una nueva Constitución. También hay un punto de fondo: esta es la oportunidad que tenemos como país para mejorar algunos aspectos clave, como es el caso del sistema político, procurando reducir la atomización que hoy existe en el Congreso y que ha sido fuente de gran inestabilidad y confrontación. Aspectos como estos están bien recogidos en el texto propuesto a los expertos, por lo que claramente hay un avance ahí que debe ser valorado.

Es evidente que cuando se diseñó el proceso no se contempló que una fuerza política adquiriera tal preponderancia dentro del Consejo, como ocurre con la derecha, especialmente con los republicanos. Tal desequilibrio no favoreció las negociaciones políticas en el Consejo, y es un hecho que el sector triunfador usó su mayoría para introducir cambios acordes a su ideario. Por eso es que el rol de la Comisión Experta adquiere ahora un papel fundamental, porque es aquí donde deberán desplegarse las negociaciones políticas que antes no fueron posibles, lo que se ve facilitado porque, debido a su composición, ninguna fuerza tiene la mayoría.

Esta nueva fase tiene lugar en un ambiente de decepción en los sectores oficialistas, debido a que varias de las normas aprobadas no contaron con el apoyo unánime, sino solo con los votos de la derecha. Por ello algunos han descalificado el proyecto, acusando que no es transversal. Pero esta postura olvida algo fundamental: si la ciudadanía le entregó la mayoría a un sector político -especialmente al Partido Republicano-, era esperable que el texto propuesto en algún grado contenga el sello de ese sector. Por lo tanto, esa crítica no resulta justificada y sería un error extremar ese punto.

La pregunta de fondo entonces no es quién redactó el proyecto, sino hasta dónde estamos frente a un texto que es valorable en su esencia y, si es así, qué tan lejos se está de tener un acuerdo en los temas sustanciales que más dividen. Respecto de lo primero, existe un cierto consenso de que el texto presentado representa cambios importantes respecto de la Constitución actual. Allí, además de lo ya mencionado en sistema político, introduce nuevos derechos sociales, como la vivienda digna; establece el reconocimiento de los pueblos originarios, busca poner límites al activismo judicial, introduce la iniciativa popular de ley, y contiene referencias expresas al cambio climático, entre otros puntos.

En cuanto a las diferencias, algunas de ellas son perfectamente salvables si se da una buena negociación en la Comisión Experta. Hay temas como la ausencia de la paridad de salida que no debieran ser motivo de gran polémica. Es algo que ninguna democracia sofisticada incluye, por lo que calificar de antifeminista el actual proyecto por eso es totalmente erróneo, y de hecho se estudian fórmulas para incluirla en el nuevo texto.

Está, por otra parte, el debate sobre el derecho a la vida, que algunos argumentan pondría en peligro la actual ley que despenaliza el aborto en tres causales. Sobre esto hay efectivamente un debate pendiente, pero dado que el texto propuesto es casi idéntico al que consagra la Constitución actual, se debiera poder llegar a una solución en aquello.

Es claro que el tema que se avizora como más fundamental es si el proyecto constitucional presentado permite consagrar un Estado social de derecho, algo que parece intransable para la centroizquierda. Esta, más que una discusión de fondo, es política. La izquierda señala que consagrar el derecho a un sistema privado en educación, salud y pensiones, como quedó establecido, es algo que atenta contra el Estado social. Y eso es un error conceptual, porque confunde el derecho a algo, con la forma como ese derecho se provee. Para este sector, la provisión debe ser solo pública, algo que responde a razones ideológicas, porque la provisión mixta -pública y privada- en nada violenta el principio fundamental. Este será sin duda un tema sensible en la Comisión, pero hay que tener presente que la ciudadanía apoya y quiere un sistema mixto para la provisión de estos derechos.

Todas estas consideraciones dan cuenta de que no estamos frente a diferencias insalvables, y será tarea de la Comisión Experta empeñar todo su esfuerzo y buen juicio para que los principales nudos se destraben y el proceso pueda llegar a buen puerto. El hecho de que la mayor parte de los partidos hayan iniciado negociaciones e insten a esperar hasta la última instancia antes de desechar el proyecto es sin duda una positiva señal de cara al desafío que los expertos tienen entre sus manos.