La otra emergencia en salud

Uno de los efectos más dramáticos que ha tenido la pandemia de coronavirus es el abultamiento de las listas de espera en nuestro sistema de salud. Esto, si bien era un fenómeno que diversas voces expertas habían anticipado al principio de la crisis, ahora ya es posible dimensionarlo en toda su magnitud. Si bien las postergaciones de atenciones se han visto reflejadas en toda la gama de prestaciones médicas, ha sido notorio su especial incremento en el caso de las patologías AUGE/GES, a pesar de que éstas cuentan con una garantía de acceso. De acuerdo al informe que envió el Ministerio de Salud al Congreso, al 30 de septiembre de 2021 la cantidad de tratamientos postergados superaba los 49 mil, mientras que a fines de septiembre de este año las garantías retrasadas ya excedían las 70 mil.

De particular preocupación resulta el hecho de que dentro de las patologías aún no tratadas hay diversos tipos de cáncer, enfermedad de muy alto impacto en las familias. Conforme lo reportó un informe del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, a mediados de 2021 había más de ocho mil personas esperando ser atendidas, cifra que en 2022 se incrementó a más de 14 mil. Esto ya se ha traducido en efectos muy concretos para la población, pues según datos del Ministerio de Salud más de 40 mil personas que estuvieron en alguna lista de espera murieron durante este año, y sobre 4 mil fallecieron con al menos una garantía GES incumplida. La principal causa de muerte en este grupo fue el cáncer.

A esta compleja realidad del GES/AUGE cabe añadir que las listas de espera para consultas de especialidad, así como cirugías, también han experimentado un fuerte incremento en este periodo de pandemia. En el primer caso, las atenciones postergadas superan los dos millones, mientras que en el caso de las cirugías la cifra sobrepasa las 300 mil. De esta forma, 2022 está cerrando como un año de especial complejidad para nuestro sistema de salud, donde de no adoptarse medidas urgentes el impacto en la salud de la población será considerable.

A estas alturas el cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte en el país, y es un hecho que en la medida que el tratamiento se postergue aumentan las probabilidades de un mal pronóstico o de que el tiempo de recuperación sea mucho mayor. Por ello abordar oportunamente su atención, así como de todas las patologías postergadas, resulta esencial, lo que requiere de esfuerzos importantes y relevarse como una prioridad en las políticas públicas. En ese sentido, una coordinación público-privada que permita priorizar las urgencias de los tratamientos y hacer un mejor seguimiento resulta indispensable. Junto con ello se deben establecer convenios que aprovechen capacidades ociosas y evitar que situaciones como las deudas de atención por Covid de parte del sector público compliquen aún más la estabilidad financiera de algunas instituciones de salud, así como el adecuado funcionamiento de un sistema de salud integrado. La coordinación lograda durante los meses más duros de la pandemia entre el sector público y el privado son muestra de que es posible lograr un trabajo coordinado y eficiente para responder a las necesidades de salud de la población.