La reaparición de Rojas Vade

rodrigo rojas vade

Más allá de la aprobación de la norma que permitiría al convencional de la ex Lista del Pueblo renunciar, es positivo que no se haya respaldado la idea de establecer un mecanismo de reemplazo, considerando la dinámica propia de la Convención.



La situación del convencional Rodrigo Rojas Vade ha vuelto a atraer la atención de la opinión pública luego de que éste comunicara la intención de retomar sus funciones al no existir una ley que le permita renunciar. El anuncio desató una inmediata reacción de sus pares que rechazaron de plano su eventual regreso y la presidenta de la instancia aseguró que ello “siembra nuevamente una ola de desconfianza en la Convención”.

El fraude de Rojas Vade, quien engañó a sus electores y a todo el país asegurando que sufría de un cáncer que no era tal -y que se vio obligado a reconocerlo solo luego de una investigación de este diario-, ha sido probablemente el más duro golpe que ha sufrido la imagen de la Convención Constitucional en sus poco más de siete meses de funcionamiento.

Por eso, su anunciado regreso -que posteriormente el propio Rojas Vade decidió dejar “en espera”- reavivó la polémica y forzó a que el Senado apurara los tiempos y aprobara ayer el proyecto de ley que le permitiría renunciar a la Convención, iniciativa que pasó a segundo trámite en la Cámara y que fue presentada bajo el argumento de que era necesario que la CC contara con una norma que les permitiera a los convencionales dimitir, la cual no se había contemplado inicialmente.

Más allá de los cuestionamientos de algunos sectores hay, sin embargo, sólidas razones para que esa posibilidad no se haya incluido en la reforma constitucional que permitió el funcionamiento de la CC. Dejar abierta la puerta a la eventual renuncia de los convencionales planteaba el riesgo -más aún en el ambiente en que esta iniciativa vio la luz- de eventuales dimisiones forzadas. Además, el trabajo de la CC estaba circunscrito a un periodo de tiempo limitado y por una función específica que no justificaba incluir mecanismos de renuncia de sus miembros, salvo enfermedad grave.

Y si bien parece de toda lógica que un convencional pueda renunciar a su cargo “por hechos graves que afecten su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención”, como establece la iniciativa, las renuncias nunca pueden ser automáticas, por lo que parece razonable que se haya establecido que ello deba ser determinado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Positivo resulta también que los senadores rechazaran la idea de permitir el reemplazo del convencional renunciado. Ese camino no solo permitiría incorporar a esa instancia encargada de elaborar nuestra futura Carta Fundamental personas que no obtuvieron el respaldo de la ciudadanía para ese fin, sino además, en el caso específico de Rojas Vade, se trata de un candidato que postuló como independiente y no al alero de un partido político, sobre lo cual la norma es clara, en cuanto a no considerar reemplazos en esos casos.

Más relevante aún es que la CC fue elegida por un tiempo limitado y para una función específica, razón más que suficiente para que no se hayan considerado eventuales reemplazos para estos convencionales.

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