La relación del gobierno y el PC

Ha sido notorio que en el último tiempo diversas figuras del Partido Comunista (PC) han reivindicado la movilización social -o en algunos casos abiertamente el “octubrismo”- como una forma de lograr que se produzcan cambios en el país. Quien produjo mayor escozor fue el senador Daniel Núñez, el cual, y a propósito de que la oposición logró hacerse de la presidencia del Senado -un signo del cambio de correlación de fuerzas al interior del Congreso, que pone cuesta arriba las reformas del oficialismo- señaló que el gobierno debería privilegiar el camino de la “presión social”, lo que fue leído por muchos como un llamado a validar la opción de “la calle” antes que las vías institucionales.

Otro alto dirigente del partido, Juan Andrés Lagos, hizo una abierta reivindicación de lo que fue el llamado estallido social. “¿Quién es el octubrismo? Es el pueblo en las calles, entonces la elite, no solamente la derecha, sino que otros sectores de la elite, también le tienen pánico”, invitando a participar de “esta tremenda vocación de movilización social, democrática y transformadora de Chile”. Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en entrevista con este medio, señaló que “al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este período”, agregando que “nuestro gobierno tiene una alianza estratégica con el movimiento social”.

Dado que si hay algo que caracteriza al PC para actuar en política es su férrea disciplina interna, resulta difícil pensar que estas declaraciones sean a título estrictamente personal, siendo probable que estén expresando un sentir al interior del partido. Esto dista de ser anecdótico, considerando que el PC es uno de los partidos ejes de la coalición. Son señales que traslucen lo que parece ser una creciente incomodidad de esta colectividad con los lineamientos del gobierno -también ha llamado la atención la férrea defensa institucional que el PC ha hecho del alcalde Daniel Jadue, de cara a su próxima formalización por las graves irregularidades que se le imputan-, y probablemente también el deseo de ir marcando un perfil más propio de cara a las elecciones de este y el próximo año.

Frente a esta realidad, hay dos preguntas que surgen con nitidez. Por una parte, está la incógnita de cuál será el rol que pretende jugar el PC de aquí en adelante, donde por cierto uno de los aspectos que cabe despejar es si comenzará una estrategia para apelar más a la agitación social y por esa vía ejercer presión sobre el mundo político; por otra, resta por ver cuál será la actitud que adoptará el propio gobierno frente a estos llamados a la movilización social que se escuchan desde el mundo comunista e incluso desde un miembro del propio gabinete, como la ministra Jara.

Resulta decidor que el Ejecutivo ha guardado hasta aquí silencio frente a este tipo de declaraciones, por lo que no queda claro si es porque en el fondo comparte estos lineamientos o porque se ha preferido no tensar las relaciones con el PC. Lo concreto es que estas ambigüedades dañan al propio gobierno, por lo que lo razonable sería tener definiciones más claras.