La urgencia de recuperar la asistencia escolar
Cabe lamentar que el Ministerio de Educación no parece tener entre sus prioridades el reducir los elevados niveles de ausentismo, considerando el grave daño que ello representa para la formación de los escolares.
A casi el doble aumentó la inasistencia crónica entre 2019 y el presente año, pasando desde un 20% de los estudiantes hasta un inédito 39%. Esto se traduce en que desde marzo hay más de un millón de niños y adolescentes que están faltando a más del 15% de sus clases, con las negativas consecuencias que ello tiene sobre sus aprendizajes y en general sobre su bienestar. O para hacerlo aún más elocuente, esto quiere decir que una significativa proporción de los niños que están cursando tercero básico y que habían vivido la totalidad de su vida escolar con clases remotas -en el mejor de los casos-, este año siguen sin incorporarse de manera integral, asistiendo a menos de tres meses de clases durante el primer semestre.
Así, cabe insistir en que la asistencia al colegio es apenas el desde si lo que se pretende es recuperar el tiempo perdido debido a la suspensión de clases que se produjo con la llegada de la pandemia, e incluso antes, cuando en 2019 la educación pública perdió hasta dos meses producto de un prolongado paro docente y por la inseguridad luego del estallido social. Del mismo modo, esta es una condición base para que los niños puedan desarrollar sus capacidades y sus habilidades sociales que les permitirán adaptarse de mejor manera al mundo y movilizar al país hacia un mayor progreso. ¿De qué otra manera se puede lograr reducir las desigualdades en la sociedad -una bandera frecuentemente enarbolada por el mundo político- que no sea a través de la educación?
Si bien el Ministerio de Educación anunció un plan para abordar esta situación y traer de vuelta a los niños que se han ido alejando de sus escuelas, lo cierto es que con lo avanzado del año escolar aún no se aprecia que esta sea una verdadera prioridad para el gobierno, sin que se haya sopesado suficientemente la relevancia que reviste este problema para satisfacer el derecho a la educación. Cuando solo restan algunos meses para que concluya el año, la autoridad todavía no parece haber tomado conciencia de su responsabilidad y rol insustituible a la hora de impulsar políticas que, a través de múltiples ámbitos, favorezcan la asistencia, tomando acciones decididas y disponiendo los recursos y medios necesarios para, por ejemplo, reforzar los equipos de las escuelas con más estudiantes en riesgo, o todo aquello que permita revertir las preocupantes cifras que se han dado a conocer.
La catástrofe educativa que hemos vivido en estos años y cuyas consecuencias aún no se visualizan del todo, debiera ser la prioridad número uno hoy, por sobre compromisos como la condonación del CAE u otras promesas de campaña que todo indica han concitado un mayor interés por parte de las autoridades. Definitivamente el país no puede permitirse el lujo de que cientos de miles de estudiantes enfrenten el riesgo de perder un tercer año consecutivo de clases.
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