La urgencia de una nueva ley de inteligencia

Este año se cumplen 20 años desde la promulgación de la actual ley de inteligencia. Una normativa que a lo largo de sus dos décadas de vigencia ha mostrado evidentes limitaciones. Por ello, desde 2014, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se comenzó a debatir la necesidad de actualizarla a los requerimientos de la realidad actual y teniendo en cuenta, a partir de la experiencia, las falencias mostradas por la institucionalidad vigente. Los desafíos que enfrenta hoy el Estado son muy distintos de los que existían a comienzos de siglo, el mundo se ha vuelto más complejo y las amenazas claramente más sofisticadas, por lo que es importante que la institucionalidad de cuenta de ello. En ese sentido, hace poco más de cinco años, el Presidente Sebastián Piñera dio el paso más claro para avanzar en el proceso de actualización de la norma, con el envió de un proyecto de ley al Congreso Nacional, pero este quedó estancado en la Cámara.

En enero del año pasado, sin embargo, el actual gobierno entregó una señal positiva al incluir entre sus prioridades la promulgación de una actualización de la ley de Inteligencia e ingresó una serie de indicaciones a la normativa. “Todos aquí coincidimos en que necesitamos un nuevo sistema de inteligencia del Estado”, dijo entonces el subsecretario del Interior. Pese a ello, desde entonces el debate ha avanzado con lentitud en el Parlamento ante la falta de consensos entre oficialismo y oposición en varios puntos de las propuestas gubernamentales. Es positivo, en ese sentido, como reconoció la actual titular de Interior a inicios de marzo, que desde septiembre del año pasado se esté trabajando en una mesa técnica para afinar las nuevas indicaciones a la normativa y se haya avanzado en una serie de acuerdos, subsanando así las diferencias surgidas con la propuesta inicial enviada por el Ejecutivo.

El reciente secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, la creciente amenaza de bandas criminales transnacionales como el Tren de Aragua o los carteles mexicanos del narcotráfico y el peligro del terrorismo hacen evidente las falencias de nuestro actual sistema de inteligencia. Sin embargo, la sensibilidad del tema exige que la nueva normativa no solo recoja la complejidad de las amenazas actuales, sino también limite los riesgos de que el sistema pueda ser contaminado por consideraciones políticas de las autoridades de turno. Si bien avanzar en el reforzamiento de las atribuciones de la Agencia Nacional de Inteligencia, crear una Escuela de Formación de Inteligencia y fortalecer el Comité de Inteligencia del Estado, contemplado en la actual normativa, parece ir en la dirección correcta, lo más importante es definir una Política Nacional de Inteligencia que trascienda los gobiernos de turno.

Todo Estado democrático moderno debe contar con una institucionalidad que le permita hacer frente a las amenazas que puede enfrentar el propio Estado y la sociedad. El terrorismo, el crimen organizado o la eventual injerencia de organismos extranjeros en territorio nacional exigen que ello suceda. Sin embargo, la historia recuerda el riesgo de que agencias creadas para proteger al Estado terminen actuando en contra de él por consideraciones políticas de quienes las dirigen. Es importante por ello, que la nueva ley de inteligencia minimice esos riesgos, precisando claramente la dependencia del nuevo organismo y quiénes intervendrán en él. Sólo así será posible superar las evidentes desconfianzas que instancias de este tipo han despertado tradicionalmente en el mundo político y crear un organismo que cumpla con los requerimientos que exige el mundo actual.