La verdadera piel del PC

Ciertamente para el Partido Comunista (PC) ha sido un duro golpe que a una de sus principales figuras, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, se le haya decretado prisión preventiva, en el marco del proceso judicial que enfrenta por cargos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al Fisco.

Las destempladas reacciones de varios de los parlamentarios del partido así como de dirigentes de la colectividad, acusando que detrás de ello se esconde una persecución política y una clara actitud anticomunista, han buscado desviar por completo los aspectos jurídicos del caso, para pretender centrarlo en lo que sería una colusión de jueces, policías, fiscales y medios en contra del alcalde, obviando desde luego cualquier reflexión respecto de los graves cargos por los cuales se le acusa o de tomar un mínimo de distancia.

El presidente de la colectividad, un día antes de conocerse la resolución del tribunal, señaló que de decretarse la prisión preventiva de Jadue ello podría incidir en la “convivencia política”, dichos que desde luego generaron revuelo porque se entendió que podría haber una amenaza velada, algo que tras la formalización buscó matizar, al señalar que sus expectativas “eran otras”. La Comisión Política de la colectividad, por su parte, emitió un comunicado en que, junto con manifestar su respeto a la resolución del tribunal, también acusa que la medida cautelar fue desproporcionada, “porque nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero”.

Más allá de estas señales que buscan transmitir cierta moderación, lo concreto es que parlamentarios y dirigentes ya se encargaron de establecer una línea política clara, donde Jadue será defendido institucionalmente -sin importar el curso que tome la investigación judicial-, y en función de ese objetivo por lo visto no se trepidará en desacreditar el rol de los tribunales y la Fiscalía. Se trata de una actitud que riñe completamente con el rol que cabe esperar de cualquier partido político, donde ante todo lo que se esperaría es el apego a principios republicanos básicos como permitir que las instituciones actúen libres de toda presión, o velar por que se cumpla aquello de que nadie está por sobre la ley, una definición consustancial a cualquier democracia robusta.

Como partido de gobierno, el PC debería ser especialmente consciente de la importancia de velar por el buen funcionamiento de la institucionalidad, pero en vez de ello opta por salir a cuestionarla frontalmente, sin importarle en lo más mínimo la equívoca señal que se envía al país, así como las dificultades que ello pueda generar en su propio gobierno, como ha quedado en evidencia cuando el propio Presidente de la República y varios ministros han tenido que salir a desmentir esta semana una y otra vez la existencia de una persecución política. Su permanente predicamento de no renunciar a tener un pie en la calle, y las constantes amenazas de que ante la falta de acuerdos políticos se pueden estar incubando las condiciones para un nuevo estallido social, son muestras de un actuar irresponsable.

Todas estas actitudes finalmente lo que están revelando es la verdadera piel del PC, donde lo que trasciende es su escaso compromiso con la democracia y el buen funcionamiento de las instituciones, donde no se trepida en desacreditarlas cuando estas actúan en una dirección contraria a sus intereses. Una muestra de ello ha quedado de manifiesto esta semana cuando se reflotó la moción que parlamentarios del PC presentaron a comienzos de este año, a propósito del caso judicial que afecta a la exalcaldesa Cathy Barriga, quien fue formalizada por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, quedando con arresto domiciliario total. La moción apunta a que cualquiera que sea formalizado por delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho constituirá un peligro para la sociedad y por tanto debe quedar con la medida cautelar de prisión preventiva. Fue un claro oportunismo para intentar perjudicar a la oposición en un momento de fragilidad, pero ahora que dicha iniciativa legal supone un verdadero disparo en los pies -Jadue está formalizado por dos de dichos delitos-, se opta por levantar la tesis de la persecución política.