Labor de las comisiones investigadoras

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados creada para investigar las acciones y el manejo de las autoridades tras la denuncia de violación contra el ex subsecretario del interior Manuel Monsalve culminó esta semana su trabajo, entregando un informe aprobado por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. En el documento se hace un duro reproche a la actitud del Presidente de la República al señalar que la decisión de mantener en el cargo al subsecretario por dos días más luego de conocer la acusación “sólo podría justificarse en la medida que no se diera crédito a la denuncia de la víctima”, lo que de ser así es “inaceptable (…) por las consecuencias revictimizadoras que en definitiva tuvo”.

El texto de 26 páginas, apunta, además, como primera responsable de la crisis política desatada por el caso a la entonces ministra del Interior Carolina Tohá al sostener que “tiene responsabilidad directa por la ignorancia inexcusable que tenía respecto de lo que sucedía al interior del ministerio que estaba a su cargo”. Y estima igualmente inexplicable que, habiendo tomado conocimiento del caso el martes, “no hizo cuestión de que Monsalve continuara ejerciendo sus funciones, sin modificar en lo absoluto su agenda”. Por ello, el informe agrega que “si bien la ministra reconoció que la renuncia debió haberse solicitado con mayor rapidez” y reconocido errores en el manejo del caso, “esa autocrítica no permite absolver la responsabilidad que le cabe”.

El trabajo de la comisión investigadora permite así dejar establecido los hechos y los errores cometidos por las autoridades en el manejo de la que es sin duda la mayor crisis que ha debido afrontar la actual administración. Un hecho positivo, pero que se limita a ser una constatación de lo sucedido. Por ello, este episodio vuelve a relevar las dudas sobre los verdaderos alcances de estas instancias. Las comisiones investigadoras están expresamente reconocidas por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y buscan hacer valer su facultad fiscalizadora. Sin embargo, ya sea por limitaciones de sus facultades o falencias de sus propios miembros, muchas veces sus aportes son limitados y no pasan de ser un gesto político determinado por las mayorías de turno.

Más que ser espacios que permitan a sus miembros lograr una mayor figuración pública, en especial en un año electoral o instancias que se limiten, por valioso que sea, a dejar establecidos hechos de público conocimiento, las comisiones investigadoras deberían ser instancias que no estén guiadas por intereses partidistas sino por el compromiso de trabajar por aclarar los hechos investigados con seriedad y acuciosidad. Deben apuntar a lograr resultados concretos que aporten ya sea a eventuales investigaciones judiciales, como sucedió en el pasado con la comisión del caso Inverlink, o impulsen propuestas para hacer cambios normativos que ayuden a evitar que los hechos investigados se repitan. Si ello amerita una revisión sobre su conformación o la eventual necesidad de fijar límite al número de comisiones que operen en forma paralela debería debatirse.