Las consecuencias de haber congelado las tarifas eléctricas

El último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central trajo noticias mixtas. Esto porque si bien se aumentó la perspectiva de crecimiento para este año, previéndose que el PIB crezca entre 2,25% y 3%, el instituto emisor también alertó que la inflación debería experimentar un repunte importante, convergiendo a la meta recién en la primera mitad del 2026. La estimación de inflación para los años 2024 y 2025 sería de 4,2% y 3,6%, respectivamente, lo que sumado acumula un incremento de un punto respecto de la inflación estimada para los mismos años en el informe de marzo. Una de las principales razones que esgrimió el Banco Central para explicar este cambio es el aumento de las tarifas eléctricas producto de su descongelamiento, lo que comenzará a partir de este año.

Cabe recordar que en noviembre de 2019 -y como respuesta a la efervescencia social de la época- el Congreso aprobó la Ley 21.185, un mecanismo transitorio que permitiría congelar las tarifas eléctricas para revertir el alza esperada de 9,2% en la cuenta de la luz, que correspondía al siguiente decreto tarifario, previéndose su reversión cuando los efectos transitorios volvieran a sus niveles de normalidad. El mecanismo de compensación contemplaba una deuda máxima para el Estado con las empresas del sector eléctrico por US$ 1.350 millones.

Pero esto no ocurrió, y el aumento posterior de los precios de los combustibles, junto con la depreciación cambiaria, generaron diferencias entre el precio estabilizado y el que debía aplicarse según los contratos de suministro, acumulando progresivamente una deuda con las empresas del sector.

En agosto de 2022 se volvió a modificar el esquema para los cambios de precios de las tarifas (Ley 21.472), añadiendo un cargo para el pago gradual de la deuda como protección a los clientes. En total, el proceso de congelamiento de tarifas acumuló una deuda del Estado con las empresas del sector por más de US$ 6 mil millones. En abril de este año se modificó por tercera vez el mecanismo de ajuste tarifario, cuando se legisló sobre los cargos adicionales que se añadirán a las tarifas futuras (Ley 21.667).

Así, el descongelamiento de las tarifas eléctricas generaría un alza de las tarifas de 57% para los hogares y de 39% para las empresas en los próximos doce meses. Para compensar dichos incrementos se creó un subsidio focalizado para el 40% más vulnerable de la población, es decir, cerca de 1,5 millones de hogares, con un descuento que podría fluctuar entre 15 y 30% del saldo de la cuenta de la luz del hogar, con un costo total de US$ 120 millones. Sin embargo, ya se multiplican las voces en el mundo político que alertan sobre lo reducido de dicho subsidio y la necesidad de buscar una mayor atenuación de las tarifas, abriendo un complejo flanco para el gobierno. El hecho de que el ministro de Energía haya criticado al Banco Central por no haber incorporado antes el efecto de las tarifas sobre la inflación es una muestra de cómo ahora se intenta traspasar a otros la responsabilidad por políticas públicas no bien pensadas.

Aunque el congelamiento de las tarifas eléctricas aparezca como una medida muy popular, también queda claro que es una política de muy complejos efectos, partiendo por el hecho de que soluciones de este tipo distorsionan la señal de precios tanto para los consumidores, al percibir un costo menor a lo que realmente cuesta la energía -generando presiones para un sobreconsumo-, como también por la incertidumbre que genera su prolongación para las decisiones de inversión en el sector. Sus efectos se han visto potenciados ante la injustificada decisión de aplicar esta medida a todos los hogares, en vez de acotarlo a aquellos que comprobadamente tenían dificultades para pagar.

No se conocen las razones que justificaron mantener el congelamiento de tarifas eléctricas en momentos donde el exceso de liquidez de los hogares abundaba por los retiros anticipados y ayudas estatales, generando una explosión del consumo. Aun así, las autoridades estimaron que no era el momento para regularizarlas, y no se tuvo en cuenta que con las sucesivas postergaciones -que perduraron por cerca de cuatro años y medio- se terminaría acumulando una deuda casi cinco veces superior a lo previsto inicialmente.

Además, dicha extensión del plazo, que solo acumuló una mayor presión al alza de las tarifas en el futuro, también impactará nuestras ya estrechas arcas fiscales. Esto producto de la creación del subsidio a los hogares más vulnerables que aplicará una vez iniciado el proceso de normalización de los precios, monto que podría aumentar en el futuro producto de las presiones parlamentarias al gobierno para que el subsidio se extienda también a la clase media.

La ciudadanía debe ser consciente de que el congelamiento de tarifas no es inocuo. Los consumidores, además de pagar una cuenta de la luz más alta, tendrán que soportar por un período más prolongado mayores tasas de interés -producto de una inflación aún fuera de la meta fijada por el Central-, una mala noticia para aquellos que requerían contraer una deuda, junto con una mayor pérdida del poder adquisitivo y mayor costo de las obligaciones que mantienen en UF.

Los efectos que ha traído esta política pública y las enormes dificultades políticas para revertirla deberían dar pie a un exhaustivo proceso de análisis sobre sus pros y contra, donde uno de los aspectos a evaluar debería ser si ante situaciones que lo ameriten, en vez de congelamientos de tarifa no sería preferible considerar subsidios bien focalizados y acotados en el tiempo.