Las dudas que deja la reforma tributaria

Finalmente, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el detalle de la propuesta de reforma tributaria, la primera de las medidas estructurales comprometidas en el programa de gobierno. La propuesta considera múltiples aspectos de interés, entre medidas antievasión y elusión, eliminación de exenciones, la posibilidad de reducir gasto en I+D del pago del Impuesto de Primera Categoría, la posibilidad de las personas de deducir gastos de arriendo o gastos por cuidados familiares de la base sobre la que se aplica el Impuesto Global Complementario (IGC). Lo más significativo, sin embargo, es lo relacionado con las propuestas centrales, cuyo objetivo es recaudar más de las personas de mayores ingresos o patrimonio, de las grandes empresas, y de la gran minería del cobre.

Aunque ahora comenzará un largo trabajo para ir decantando cada uno de los cambios propuestos, una primera lectura permite anticipar que la reforma deja más dudas que certezas, en particular en lo que se refiere a la posibilidad de poder recaudar el 4% del PIB una vez que la reforma esté en régimen, objetivo que se percibe ambicioso -cuando no poco realista-, considerando que la reforma se presenta justo cuando el país está entrando en un declive de la actividad interna, el escenario externo se ve cada vez más complejo y la espiral inflacionaria dista de haber cedido. En ese contexto, una reforma que pone el acento sobre todo en la recaudación y escaso énfasis en los incentivos a la inversión, hace improbable un estímulo al crecimiento, así como la chance de poder recaudar tanto como pretende el gobierno.

Es legítimo que los países debatan sobre su estructura tributaria, pero a la vez es fundamental que las bases de la discusión no se aparten de los hechos. Así, proponer una reforma bajo la excusa de hacerla más “justa” es una distorsión acomodaticia de la realidad, considerando que la mayor parte de la población no paga impuesto a la renta, y de hecho la reforma propuesta mantiene que el 75% seguirá exento. Planteamientos así generan odiosidades y divisiones innecesarias, que bien pueden haber contribuido a la efervescencia en el pasado reciente. Ello naturalmente no implica que no se discuta subir la carga tributaria al segmento que hoy más paga, pero debe evitarse desconocer que hoy ya lo hace.

Se ha esgrimido asimismo como justificativo que Chile presenta un rezago en cuanto a la proporción del PIB recaudada respecto al promedio de la OCDE, pero esto también es engañoso, porque en el bloque conviven países con realidades muy disimiles, partiendo por el hecho de que en varias de las naciones integrantes la proporción de personas que pagan impuestos es mayor que en Chile -a diferencia de nuestro país, quienes pertenecen a ingresos medios en países OCDE pagan en promedio una tasa de impuesto personal del orden de 16%-, los servicios públicos que se ofrecen son de mayor nivel y el PIB per cápita en varios casos es superior al nuestro.

En un análisis general, es positivo que esta propuesta de reforma tributaria avance en terminar con los espacios para la elusión y la evasión, aspectos esenciales para que un sistema tributario sea eficiente. También es positivo que busque acotar el uso de la renta presunta, y es acertado que las Pymes no se hayan visto afectadas por los cambios.

Pero hay aspectos que se avizoran más complejos. Así, por ejemplo, se incrementan las tasas del Impuesto Global Complementario y se crea un nuevo tramo del IGC sujeto a una tasa de 43%. Como ha explicitado el gobierno, esta mayor tributación afectaría solo al 25% de mayores ingresos dentro del universo de contribuyentes de este impuesto y no toca a quienes en el régimen actual están exentos por tener ingresos bajo 13,5 UTM. Está fuera de duda el impacto redistributivo de esta propuesta; pero en la medida que buena parte de los ingresos percibidos por las personas deriva del retorno de su capital, estas alzas de tasas a ingresos personales tienen un efecto desincentivador de la inversión.

Luego, en esta misma categoría, está la propuesta de un impuesto patrimonial que gravaría con 1% anual los patrimonios individuales en exceso de 5 millones de dólares y con 1,8% anual los patrimonios individuales en exceso de 14,7 millones de dólares. De nuevo, es evidente el contenido redistributivo de esta propuesta que, en la estimación oficial, afectaría a un total de 3.600 personas en el país. Este tipo de impuestos es especialmente dañino en la medida que, si esos patrimonios se constituyen y crecen por acumulación de ingresos provenientes del capital, lo que se está gravando indirectamente es el retorno de ese capital, con tasas muy elevadas, con todos los desincentivos a la inversión en el país que de ahí derivan.

También en esta categoría de propuestas con énfasis redistributivo debe mencionarse la idea de aplicar un impuesto de 1,8% anual sobre una estimación del valor de los impuestos personales aún no cancelados al Fisco, por no haberse distribuido las correspondientes utilidades en sociedades de inversión. En la medida que se estimule un adelanto de los retiros de utilidades y mayor consumo, esta propuesta estará eventualmente afectando las tasas de ahorro en la economía.

En cuanto a mayor recaudación de grandes empresas la propuesta más relevante y preocupante busca desintegrar la tributación de las empresas que hoy tributan en el régimen semi integrado y la tributación de sus dueños. Esto profundiza la actual segmentación de empresas en dos regímenes que se diferencian según el grado de integración. La desintegración total, que en definitiva sujeta las utilidades de estas empresas a tributación sustancialmente mayor, elevará fuertemente el costo de capital para las empresas grandes, con un previsible costo relevante en términos de crecimiento, generación de empleos e innovación en ese sector clave de la economía.

Se echa de menos que en estos primeros lineamientos que ha entregado el gobierno no se hayan proporcionado mayores detalles de cómo el Estado pretende satisfacer los principios de transparencia y eficiencia, tal que la ciudadanía sepa el origen y destino de los recursos recaudados, y el Fisco haga un buen uso de ellos. Sin esos compromisos, será difícil evaluar si todo lo que se pretende recaudar y sus costos asociados están plenamente justificados.