Las dudas sobre la política nacional del litio

Luego de que el Presidente de la República diera a conocer la política nacional del litio, se ha producido un extenso despliegue de distintos personeros de gobierno para explicar los alcances de esta asociación público-privada que contempla la iniciativa -toda vez que si bien los privados podrán seguir explotando esta riqueza, por regla general deberán hacerlo a través de una empresa donde el Estado tenga el control-, y las razones de por qué una fórmula como ésta garantiza que el país podrá rentabilizar mucho más esta riqueza.

Pero lo cierto es que gran parte de las explicaciones terminan remitiendo a solo dos aspectos: cómo asegurar el control estatal en el Salar de Atacama -donde se concentra la mayor cantidad de reservas del país y por ahora el total de la producción de litio- y de qué manera el gobierno se asegurará de que SQM, el mayor productor de litio del país y uno de los actores relevantes en el mercado mundial, se acoja a las nuevas reglas. En el caso del Salar de Atacama, “control” significa que el Estado tenga el 50% más una acción de las empresas que operen estas pertenencias.

Ciertamente que el Salar de Atacama es la pieza más relevante, pero en el país hay del orden de 20 salares cuyo potencial urge determinar y promover con fuerza. Por eso llama tanto la atención que en esta política nacional del litio por de pronto poco y nada se ha escuchado de cómo se desarrollarán los restantes salares, salvo definiciones genéricas de promover las exploraciones y que un 30% quedará reservado para conservación. También se ha hecho ver que al no tratarse de pertenencias estratégicas, existe la posibilidad de que en estos casos pueda haber modelos donde el control lo tengan los privados.

La estrategia anunciada por el gobierno mandata a Codelco para iniciar negociaciones con SQM, a fin de constituir una empresa donde el control lo tenga el Estado. Se ha hecho ver que la Corfo tiene una herramienta poderosa para forzar las negociaciones con SQM, porque de acuerdo con los contratos vigentes el gobierno podría asignar las pertenencias a un tercero a partir del 2031, sin necesidad de convocar a una licitación. Cediendo el control al Estado, SQM podría asegurar que sus operaciones continúen más allá de 2030, año en que expiran sus actuales contratos. Llama la atención que en todas estas tratativas apenas se mencione a la estadounidense Albemarle, el otro gran productor de litio en el Salar de Atacama, respecto de lo cual la Corfo ha confirmado que las negociaciones se llevaran a cabo hacia el término de los contratos con la compañía, que vencen en 2043.

Como ya se ha advertido en estas mismas páginas, resulta decepcionante que una política nacional del litio parta con una desconfianza tan marcada hacia el aporte del sector privado, pero aún más reprochable resulta que todo este diseño de control estatal sobre la producción, en particular respecto del Salar de Atacama, deja la sensación de que, en el fondo, más que crear políticas para potenciar una industria nacional, apunta en realidad a asegurar un control sobre SQM. Esta forma tan limitada de pensar nuestro desarrollo económico al final termina perjudicando al país.