Las incógnitas que surgen en las decisiones económicas

El proyecto constitucional que será llevado a votación popular ha comenzado a abrir un debate acerca de los potenciales efectos que podría tener en el plano de la economía, tanto en lo que toca a las empresas -especialmente en el ámbito de la inversión-, como en la forma que puede afectar temas cruciales en la vida de las personas, ya sea como propietarios de un bien, o en sus decisiones de salud y educación. Si bien los ministros del área económica han señalado que no ven elementos de preocupación, tal optimismo parece discutible cuando la propuesta contiene una serie de cambios sustanciales -pese a los innegables esfuerzos moderadores que tuvo el Pleno-, cuyos efectos no están suficientemente despejados y por tanto es explicable que estén generando un clima de incertidumbre.

Por de pronto, uno de los principales cuestionamientos que ha recibido la propuesta de nueva Constitución es la excesiva regulación que establece en una serie de áreas, asemejándose más a un catálogo de políticas públicas -lo que probablemente generará tensiones con gobiernos que promuevan idearios diferentes- antes que a un marco general propio del constitucionalismo. El buen diseño de las reglas fundamentales es esencial, pues si este falla podría afectar la capacidad de crecimiento del país -un riesgo que en el escenario actual resultaría particularmente dañino, cuando se han comprometido cuantiosos recursos para satisfacer una serie de demandas sociales-, o afectar derechos que hoy ejercen en plenitud las personas.

Para que la inversión pueda desplegarse con todo su potencial, un aspecto esencial es que los derechos de propiedad queden bien resguardados, y que no se deje espacio para criterios discrecionales en la forma de interpretar o aplicar las diferentes leyes que inciden en el quehacer económico. El borrador de la nueva Carta Fundamental consagra y protege los derechos de propiedad de manera amplia -sin perjuicio de que hay quienes advierten acerca de lo desacertado de no haber reconocido expresamente la propiedad industrial, como sí existe hoy-, pero han surgido fundadas inquietudes sobre la calidad de la compensación ante una expropiación, al definir que se pagará el precio “justo”, evitando consignar que se refiere al precio “de mercado” o al daño patrimonial efectivamente causado.

Si bien la noción de “precio justo” existe en países desarrollados, llama la atención que la Convención haya decidido innovar en una materia que el ordenamiento constitucional vigente resguarda apropiadamente, abriendo así un flanco de suspicacias ante la expectativa de que en determinadas circunstancias que determine el Estado podría no haber una compensación suficiente. Si esta percepción comienza a asentarse, es fácil advertir que ello producirá una grave desazón en el corto plazo y un freno permanente a la inversión. Estas aprensiones son particularmente evidentes frente al escenario de una masiva devolución de tierras a los pueblos originarios, conforme se desprende de la propuesta constitucional, en donde resultará fundamental que el objetivo de superar los conflictos que se mantienen abiertos con las comunidades indígenas no implique dañar las bases del crecimiento y la confianza en el marco institucional, como ocurriría si eventuales y masivas expropiaciones no son compensadas al valor que corresponde.

Sería un error, sin embargo, pensar que una expropiación no bien compensada pueda afectar solo a grandes empresas o a quienes tienen abundantes tierras. Lo cierto es que ello reviste una potencial amenaza para cualquier persona que sea propietaria de una vivienda, un predio o titular de algún derecho. De allí lo crucial de que la norma constitucional no deje espacio para la ambigüedad.

También, el proyecto consigna que concesiones mineras o derechos de aprovechamiento de aguas, hasta ahora con atributos propios de la propiedad, pasarían a ser meras autorizaciones administrativas. Esto deja a los propietarios de estos bienes, la exploración minera y la inversión agrícola, en un ambiente de incertidumbre, hasta que una nueva legislación regule estas materias.

Un aspecto hasta ahora no bien aquilatado es que el proyecto también establece un grave distanciamiento del mercado y la competencia; tal es el caso del monopolio sindical para canalizar las negociaciones colectivas, con autoridad para elegir negociar por empresas, ramas, sectores o regiones. Su efecto de freno económico, y su impacto redistributivo entre trabajadores, va a ser evidente.

Hay otra dimensión del proyecto constitucional que debe examinarse detenidamente, toda vez que debilita los beneficios de la competencia al consagrar privilegios y reservar actividades para las entidades estatales en salud y en educación. Sin mayor discusión técnica, la Convención resolvió, por ejemplo, eliminar en los hechos las Isapres, al forzar que todos los afiliados deban migrar al sistema público. Esto abre varias incógnitas, entre ellas, hasta dónde podría verse afectado el derecho a la libre elección, lo que hoy está garantizado por la Constitución, o si ello podría incrementar los pagos que hacen las familias para conservar este derecho. Igualmente complejo es lo que se avizora en educación, si es que las nuevas normas dificultan o desincentivan la inversión de particulares destinada a la creación de nuevos colegios, lo que a la larga restará posibilidades a las familias de ejercer su derecho a elegir la educación que mejor se ajuste a sus preferencias.

Es un hecho que la sociedad se ha inclinado por introducir cambios en el modelo de desarrollo social y económico seguido hasta ahora, pero cualquiera sea el escenario en que se redefinan las reglas fundamentales -ya sea que se apruebe este proyecto constitucional, o se inicie otro en caso de que se imponga el Rechazo- es fundamental no poner en riesgo los pilares fundamentales que permitieron a Chile multiplicar su riqueza en las últimas décadas y marcar una diferencia con el resto de la región.