Las instituciones ante el crimen organizado

En el último tiempo se han conocido una serie de casos en que funcionarios de instituciones fundamentales para la persecución y el control del delito -como las policías, el sistema judicial o Gendarmería- han sido removidos o enfrentan procesos judiciales por aparecer involucrados en casos de corrupción. Uno de los últimos episodios fue el que afectó a Carabineros, donde se levantaron cargos contra doce funcionarios por los delitos de cohecho, tráfico de drogas y apremios ilegítimos, entre otros, en el marco de una red de corrupción que logró funcionar por más de un año. También se han conocido casos que han afectado a miembros de la PDI, en tanto que en el caso de la Fiscalía hay cuatro causas abiertas en distintas partes del país, donde se investigan casos en que los persecutores habrían concedido una serie de favores.

Un reportaje publicado por este medio dio cuenta de que estas y otras situaciones han levantado señales de alerta en las instituciones mencionadas, lo que ha motivado la implementación de distintas medidas para evitar la corrupción y sobre todo que el crimen organizado se enquiste en dichas entidades, como ocurre cuando este tipo de organizaciones delictivas comienzan a extender sus tentáculos.

Los casos conocidos en el país ciertamente preocupan, porque en la medida que se van multiplicando en el tiempo sugiere que las instituciones no son inmunes a la corrupción, abriendo la posibilidad de que el crimen organizado encuentre allí una puerta de entrada. Con todo, el que aún se trate de situaciones más bien aisladas y que siguen sorprendiendo cada vez que se destapan, sugiere que Chile cuenta todavía con determinadas fortalezas -policiales y judiciales- para contener el flagelo. Sin embargo, a medida que el crimen organizado se expande en el país -sus manifestaciones más evidentes han sido el aumento explosivo en la cantidad de homicidios por arma de fuego, o la presencia de delitos antes muy escasos, como el secuestro extorsivo- levanta una señal de alerta sobre la importancia de que el sistema institucional esté adoptando desde ya medidas preventivas de alta intensidad, lo que debe comprometer a todas las instituciones del país.

Cabe tener presente que el Ministerio Público ha identificado a peligrosos carteles operando en el país -Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, Los Espartanos, Los Chotas, Los Valencianos, Bang de Fujian, entre otros-, y también se han detectado a cientos de bandas operando al interior de las cárceles, algunas de ellas de alta peligrosidad, lo que representa un enorme desafío para el personal de Gendarmería. El caso ecuatoriano, así como la realidad que se ha observado en países de América Central, es indicativo de cómo el crimen organizado puede rápidamente corroer las instituciones.

En ese sentido, es valioso que en el caso de la Fiscalía se haya creado la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna, o que Carabineros haya implementado la Unidad Anticorrupción. En el Congreso se comenzó a debatir un proyecto de ley para crear una Fiscalía Suprarregional para el crimen organizado, cuyo propósito es dotarse de una institucionalidad que vea estos casos con una óptica nacional. Fundamental resulta también reforzar los controles aduaneros y un mejor control de las fronteras, y es indudable que los chequeos internos para la selección de personal y vigilancia de actuaciones en áreas sensibles deben ser potenciados.