Las lecciones que deja el caso Huachipato
Deben internalizarse los riesgos de haber intentado salvar a una empresa que ya carecía de viabilidad a través de sobretasas -abriendo un complejo flanco con China-, o pretender que nuestro país podría controlar el desvío de comercio.
La empresa CAP comunicó oficialmente a la Comisión del Mercado Financiero que su filial Huachipato -siderúrgica ubicada en la Región del Biobío- inició el proceso de suspensión indefinida de su actividad a partir de septiembre. La decisión se funda en que Huachipato se ha visto imposibilitada de traspasar a precio las sobretasas que fueron recomendadas por la Comisión Antidistorsiones a las importaciones de barras y bolas de molienda de acero provenientes de China, lo que hace económicamente inviable continuar operando. Los resultados financieros de la empresa así lo indican, con pérdidas por más de US$ 700 millones entre 2019 y el primer trimestre de 2024.
Sin perjuicio de que el cierre de la siderúrgica abre un complejo problema político y social para el gobierno, a lo largo de todo este proceso se han observado una serie de desaciertos, a los que vale la pena poner atención para extraer las lecciones del caso. En primer lugar, el actuar de la Comisión Antidistorsiones -con mayoría de representantes del gobierno- dejó serias dudas sobre su carácter técnico. Ello considerando que dos veces consecutivas apoyó las sobretasas con los votos de los representantes del gobierno, en tanto que los representantes que no son designados por la autoridad política -provenientes del Banco Central y la Fiscalía Nacional Económica- las rechazaron, esgrimiendo fundados antecedentes técnicos. Este proceder de la mayoría de la Comisión resulta preocupante, pues nos deja en cuestión frente a China, nuestro principal socio comercial, país que ya hizo ver su incomodidad con la medida.
En segundo lugar, la administración de Huachipato no anticipó lo que a la luz de los acontecimientos era previsible, como fue la reacción de su competencia así como la dificultad de un país pequeño y abierto al mundo como es Chile para controlar el desvío del comercio. Ello quedó en evidencia tras la reciente declaración de Molycop en la audiencia ante la Comisión Antidistorsiones, donde señaló que “las medidas provisionales (…) han sido insuficientes, ya que los importadores acumularon inventarios adelantándose a la decisión de las sobretasas. Algunos de ellos importaron en los primeros cinco meses de este año un volumen equivalente al de todo el año pasado”.
Lo anterior se suma a que nada impide que las importaciones chinas se desvíen hacia empresas de otros mercados de la región y desde ahí los productores locales asociados a la industria minera puedan obtener las mismas condiciones de precio, donde el costo de controlar el desvío de comercio hace muy compleja la aplicación de la medida, considerando nuestro tamaño de mercado.
Las primeras declaraciones del ministro de Economía han develado incapacidad para reconocer que más allá de la buena voluntad de las empresas en tratar de ponerse de acuerdo, un negocio ineficiente no puede sostenerse con ese nivel de pérdidas, como tampoco que un país pequeño como Chile se puede dar el lujo de entrar en una disputa arancelaria con China, exponiendo imprudentemente a otras industrias -como por ejemplo la agrícola- a eventuales represalias, con un potencial impacto en el empleo varias veces superior al cierre de Huachipato. El gobierno debería ahora centrar su quehacer en la mitigación de los efectos en el empleo, para lo cual cuenta con programas de apoyo a través del Ministerio de Trabajo, o bien en el diseño de medidas que permitan estimular la inversión en la zona.
