Las lecciones que deja el fallido “plan piloto”

Hace exactamente un año, el Presidente de la República, en su cuenta pública de 2022, anunciaba que como forma de abordar los altos costos que los chilenos estaban pagando por el gas, se fortalecería el papel de la Enap en dicho mercado, “el cual se traducirá en precios más justos”, y para ello se avanzaría inicialmente en un proyecto liderado por la petrolera estatal, la cual emprendería la tarea de distribuir cilindros de gas a 100 mil familias.

El anuncio presidencial se materializó en un plan piloto -financiado con recursos que proporcionaría el Ministerio de Energía- lanzado en el mes de julio por el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, con el nombre “Gas para Chile”, con vistosos balones color fucsia. El plan inicial era distribuir unos seis mil cilindros con un valor mucho menor al que cobran las grandes distribuidoras. El plan se suspendió en diciembre, y a raíz de un informe solicitado por la Cámara de Diputados este año, fue posible dimensionar las razones: se comercializaron algo menos de seis mil balones en tres comunas del país, a un valor comercial de unos $15 mil, pero con un costo de producción de $117 mil por unidad. El propio ministro de Hacienda reconoció que el plan piloto no fue exitoso. En definitiva, fue una enorme dilapidación de recursos públicos para comprobar algo que autorizadas voces técnicas ya habían advertido, dando cuenta además de una distorsionada concepción de lo que es un plan piloto, cuyo fin no es evaluar proyectos, sino comprobar si funciona lo que previamente se supone fue evaluado exhaustivamente.

Ahora tanto la Enap como el gobierno han intentado zafar de la polémica, señalando que el programa de distribución minorista fue terminado, para centralizarse en el mercado mayorista, donde los números podrían ser rentables. Esto en ningún caso puede obviar las implicancias de esta fallida experiencia piloto, que han reflejado en toda su magnitud el alto costo que trae aparejado pretender corregir fallas de mercado asignando al Estado un rol empresarial, en vez de abocarse a resolver las fallas mediante regulaciones más eficientes, o el dejarse llevar por pulsiones de corte populista. Esto, como era esperable, ha abierto toda una controversia respecto a los riesgos de pretender que el Estado extienda su rol en una serie de ámbitos, tal como aspira la coalición gobernante.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el mercado del gas licuado muestra una baja intensidad competitiva, recomendando prohibir que las empresas de distribución mayorista de este producto participen en la distribución minorista a los consumidores finales. Tal como lo recordó el ex fiscal nacional de la época, en ninguna parte se recomendó que el Estado entrara en la distribución minorista. Resulta evidente que hay aquí una primera falla, pues la autoridad, en vez de buscar soluciones en línea con lo recomendado, opta por lanzar un plan de distribución que, a la luz de sus evidentes deficiencias e improvisación, más bien deja la impresión de que tuvo fines electoralistas, dado que en septiembre de ese año tendría lugar el plebiscito constitucional, en el cual el oficialismo estaba jugado por su aprobación.

Señal de esta improvisación es que, tal como dio cuenta este medio, los recursos para pagar por dicho plan piloto ni siquiera figuran en la partida presupuestaria del Ministerio de Energía para 2023, y previsiblemente se abrirá otra arista cuando llegue el momento de estimar cuánto es lo que Energía debe a Enap por dicho plan, pues parte de las inversiones realizadas para este fin serán utilizadas por la empresa para otros de sus procesos productivos.