Como lo planteáramos en la Comisión Bravo en 2015, la reforma de pensiones en Chile debe avanzar hacia un verdadero sistema mixto.
Los retiros y sus efectos económicos y financieros en la rentabilidad de los fondos más conservadores, en el encarecimiento de los créditos hipotecarios, y efectos de facto en la densidad de las cotizaciones, han dejado en evidencia que, es importante entender las implicancias y relaciones mutuas de la reforma con los mercados de capitales y financieros, para obtener buenas rentabilidades y con los mercados de trabajo, para obtener buenas densidades de cotizaciones.
Empero, cabe preguntarse si la única forma de hacerlo es en base a un modelo donde el eje radica en las AFP, como ocurre en la actualidad. Sobre esa experiencia se han obtenido buenas rentabilidades en términos absolutos (aunque no se ha demostrado que hayan sido mejores que sus respectivos benchmark). Pero no se han obtenido buenas pensiones para la gran mayoría de chilenos, por distintos motivos entre los que destaca la dificultad para mantener la frecuencia de cotizaciones necesaria.
La lógica individualista y meritocrática del actual sistema, donde se entrega a los individuos decisiones complejas, que debe realizar en forma desinformada y con total asimetría de información, es ajena a la seguridad social, transfiriendo a los individuos todos los riesgos del sistema (desempleo, rentabilidad y longevidad).
Insertos en un mercado de trabajo con una alta presencia de informalidad, de contratos ilegales y del trabajo del cuidado no remunerado, los chilenos han enfrentado limitaciones que les impiden participar del sistema, y terminan excluidos del acceso a pensiones dignas.
Por ello, la administración privada de los ahorros previsionales, ha fracasado como sistema de pensiones en Chile. No fue capaz de ocuparse de su funcionamiento integral: de actualizar sus parámetros; de fortalecer su relación con los mercados de trabajo, y no sólo con los financieros; de garantizar su legitimidad; y, de pagar su deuda con quienes ya participaron del sistema y obtuvieron malas pensiones. Creemos que, para cumplir con estos desafíos, se requiere de un cambio estructural hacia un verdadero sistema mixto.
Como patrocinador del sistema el Estado debe crear una institución que se ocupe en forma permanente de estos desafíos, reconociendo los riesgos sistémicos que lo afectan (económicos, financieros y demográficos) y mitigándolos de modo de ofrecer estabilidad a las personas. Este cambio estructural es posible y necesario. Debe ocuparse de: (i) actualizar sus parámetros, conforme lo exija la realidad del país; (ii) mejorar las pensiones no solo a través de su relación con los mercados de capitales sino de aquella con el mercado de trabajo; (iii) legitimar el sistema, haciendo partícipes a los trabajadores.
Proponemos: (i) ampliar y modificar el pilar solidario generando un derecho previsional universal; (ii) recuperar el aporte del empleador para financiar un Fondo de Solidario, gestionado por la capitalización colectiva parcial, e implementar transitoriamente la necesaria solidaridad intergeneracional para mejorar las pensiones hoy (sin perjuicio de un reparto intrageneracional permanente); (iii) mantener el registro de los aportes de los trabajadores como criterio para dimensionar su pensión autofinanciada; (iv) ampliar la batería de incentivos al ahorro previsional voluntarios de modo que llegue a la clase media; y (v) mantener la generación de ahorros e inversiones financieras que el país necesita para financiar el crecimiento.
Esta reforma estructural no es sinónimo de ausencia de capitalización y retorno al reparto puro (ausencia de ahorro). Se pueden y deben combinar las dos opciones. Sin embargo, su administración no puede tener como eje central a las AFP. Su lógica debe ser un contrato social y no uno basado en la suma de contratos de ahorro exclusivamente individuales. Una Institución pública especializada y autónoma debe afiliar, recaudar, administrar cuentas, gestionar financieramente los diferentes fondos (o licitar dicha gestión), y pagar pensiones sobre la base de los recursos contributivos (empleadores y trabajadores) y no contributivos (impuestos generales) que financian el sistema. Esta institución, debe velar permanentemente por prevenir y mitigar los riesgos y desafíos del sistema. En este modelo, la pensión final resultará del esfuerzo personal más las garantías a las cuales tenga acceso como beneficiario del sistema, en su calidad de residente y trabajador.
A mayor abundamiento, se elimina la noción de contratos individuales actuarialmente equivalentes que realizan las AFP. Pero no se elimina la capitalización en favor del reparto. Sabemos que los actuales afiliados disponen de ahorro de su propiedad, y sus nuevas contribuciones lo incrementarán, pero ello será insuficiente. Las nuevas contribuciones de empleadores se destinarán, junto a los aportes del Estado en forma acotada a mejorar las actuales pensiones, creando fondos de reserva que también serán capitalizados en favor de las futuras generaciones. Ambos el ahorro de propiedad de los trabajadores como el ahorro colectivo que se genere, deberán ser administrados en forma eficiente, ya sea en forma directa y/o vía subcontratación en el mercado de capitales, permitiendo combinar el objetivo de obtener buenas pensiones con la existencia de ahorros fundamentales para el crecimiento económico y desarrollo productivo.
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