Lecciones de una doble derrota política
La profunda crisis que afecta a la coalición de gobierno se suma a los errores que ha cometido el gobierno en estructurar ayudas para contener la pandemia.
La jornada de ayer en el Congreso ha marcado un hito desde el retorno a la democracia. No había ocurrido que un gobierno sufriera una derrota tan estrepitosa propinada por sus propios parlamentarios, que masivamente apoyaron la reforma constitucional para retirar fondos de la AFP -pese a ser una medida desaconsejada por la inmensa mayoría de los expertos-, mientras que en la Cámara de Diputados el veto que el Presidente de la República había anunciado respecto del proyecto que busca suspender el pago de cuentas en los servicios básicos fue rechazado por 109 votos. En el caso de los fondos de la AFP, en ambas ramas la votación alcanzó con holgura los dos tercios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo para que fuera rechazada.
Esta doble derrota hizo aflorar en toda su magnitud la profunda crisis en la que se ha sumido Chile Vamos, tanto por las fracturas que han surgido al interior de la UDI y Renovación Nacional, como por la incapacidad del propio Ejecutivo de brindar conducción política y alinear a los suyos. Parece un hecho que un cambio en el equipo político se hace inevitable, pues éste ha perdido todo su ascendiente sobre la coalición y no se ve que disponga ya ni de la fuerza ni del tonelaje necesario para revertir lo que parece ser un hecho consumado en cuanto a su viabilidad.
Pero a la hora de explicar lo sucedido se está pasando por alto una variable que resulta esencial para entender por qué se ha llegado hasta este punto, porque si bien las rencillas y falta de pericia para disciplinar a la coalición han incidido, también ha resultado decisiva la falta de una estrategia global y bien pensada para llegar eficientemente con las ayudas del Estado a quienes más lo necesitan producto de la crisis de la pandemia, dispersándose en cambio en una multiplicidad de medidas que no siempre guardan coherencia entre sí, y que no se condicen con un uso eficiente de los recursos públicos.
La crisis social y económica provocada por el Covid-19 está resultando más devastadora de lo inicialmente previsto, y su término es incierto, pues depende críticamente de poder contar con una vacuna, la que tomará tiempo antes de que pueda estar disponible en nuestro país. Frente a ello, las respuestas del gobierno aparecen lentas y a destiempo, como si no se calibrara la urgencia de las soluciones, profundizando el problema.
Sin un plan global, es inevitable que se termine en fórmulas que no ayudan a los que más lo requieren -es el caso del retiro de fondos, que beneficia sobre todo a los de mayores ingresos- o que no llegan a la velocidad que se requiere, como las cajas de alimentos o las líneas Covid. El cuadro se torna aún más complejo porque el Ejecutivo, producto de las presiones de la oposición o de grupos de interés, se ve constantemente en la necesidad de ir cediendo en la entrega de más fondos, dejando la impresión de que no hay ni un plan ni un presupuesto bien definidos. Todo ello naturalmente deriva en frustraciones de las expectativas ciudadanas -que termina adhiriendo a malas políticas, como la de los fondos previsionales- y contribuye a alimentar el desorden entre las fuerzas políticas.
Ante la escasez de recursos, la obligación del gobierno es hacer un análisis global de las iniciativas para asegurar que las ayudas lleguen en forma eficiente a los que realmente lo necesitan. Si ello no se corrige, los indispensables cambios de diseño político serán inútiles.