Lento avance en investigación penal por líos de platas

Esta semana inesperadamente el caso de los líos de platas -asociado a millonarios convenios de entidades públicas con fundaciones que tenían vínculos políticos- volvió a instalarse en La Moneda, luego de trascender que la exprimera dama Irina Karamanos, que fue funcionaria de ProCultura -una de las tantas entidades indagadas, y que de hecho se vio forzada a cesar sus actividades- habría realizado supuestos abonos hacia dicha fundación, según un informe contable de la PDI, lo que algunos han interpretado como posibles aportes para financiar campañas políticas. Aunque Karamanos ha negado tajantemente haber realizado estos aportes, así como cualquier tipo de irregularidad, estas revelaciones bastaron para activar otra vez el caso de los líos de platas -incluso con el propio Presidente de la República saliendo a defender a su expareja-, donde la oposición ha cuestionado en duros términos la lentitud con la que parece avanzar la investigación penal, considerando que fue en junio de 2023 cuando estalló el primer caso -Democracia Viva, en Antofagasta-, abriendo una verdadera caja de Pandora.

El caso de los líos de platas estuvo por varios meses golpeando duramente a La Moneda como también a partidos políticos del oficialismo que aparecían estrechamente vinculados a dichas fundaciones -en particular Revolución Democrática-, aunque luego se fue descubriendo que también hay algunos casos que involucran a sectores de oposición, como ocurre en La Araucanía, donde la gobernación de dicha región figura con millonarios convenios, y es allí donde una de las aristas -el caso “manicure”- tiene incluso a un diputado desaforado.

Y aunque en una primera etapa la Fiscalía apareció actuando con mucha diligencia, con una serie de formalizaciones y prisiones preventivas que capturaron la atención de la ciudadanía, con el correr del tiempo el caso parece haber perdido fuerza, sin condenas y con una caída en el ritmo de formalizaciones, lo que desde luego no es una buena señal para el país. Aun más, el fiscal que estaba a cargo de coordinar algunos de estos casos -entre ellos ProCultura- fue recientemente suspendido de sus funciones por el fiscal nacional luego de que se hicieran públicos sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. No es claro de qué forma este traspié afectará la investigación, pero el hecho de que esa remoción haya coincidido cuando se evacuó el peritaje contable de la PDI desde luego se ha prestado para todo tipo de suspicacias, que el Ministerio Público haría bien en aclarar.

No cabe duda de que el país está afectado por otra serie de urgencias que demandan fuertemente la atención de la Fiscalía. La crisis de inseguridad derivada de la delincuencia y el crimen organizado; atroces asesinatos de carabineros, múltiples escándalos de corrupción, a los que recientemente se ha sumado el llamado caso Audio han colocado una fuerte presión sobre el Ministerio Público. Pero no debe perderse de vista que el caso vinculado a los líos de platas es probablemente uno de los mayores casos de posible corrupción política de las últimas décadas, tanto por su escala -la Fiscalía indaga montos posiblemente defraudados que llegan a casi $ 90 mil millones-, así como por las decenas de aristas que se han ido abriendo, y que prácticamente están en todas las regiones del país, y en tanto se siga dilatando la investigación penal sus implicancias son múltiples.

Por de pronto, las investigaciones han permitido establecer que los mayores fondos asignados y que están bajo cuestionamiento provinieron de los gobiernos regionales -el monto de los convenios objetados alcanza a más de $ 77 mil millones-, un aspecto que habría sido deseable poder despejar con mayor antelación considerando que este mes hay elección de gobernadores -además de alcaldes, concejales y consejeros regionales- y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si eventualmente podría estar dando su voto a candidatos que luego pudieran aparecer involucrados en irregularidades.

También es evidente que el irresponsable uso que se dio a programas de fundaciones tendieron un manto de sospecha sobre la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil, desincentivando las donaciones o haciendo mucho más compleja la postulación a fondos públicos. Despejar con celeridad qué fundaciones son las que incurrieron en ilegalidades ayudará a limpiar el sector y de esa forma impedir que fundaciones honestas y que prestan un valioso servicio al país dejen de verse salpicadas por esta desconfianza generalizada.

Acelerar la resolución de estos casos también aparece como una exigencia para derribar las suspicacias de impunidad, en especial cuando hay intereses políticos de por medio. La confianza ciudadana en el Poder Judicial y en el trabajo de la propia Fiscalía se encuentra en niveles preocupantemente bajos -ambos estamentos solo con 16%, según la última encuesta CEP-, mientras que los partidos políticos están al final de la tabla. Sin avances concretos es difícil que estos números se puedan revertir.

El caso Audio y las aristas que cada semana se van abriendo conforme aparecen nuevos chats que van involucrando a fiscales, jueces y políticos exige sin duda una investigación penal exhaustiva que sancione todas las responsabilidades que sean necesarias, considerando que incluso aparecen implicados jueces de la Corte Suprema, o el propio exfiscal que investigó el caso Penta. Pero las causas vinculadas a los líos de platas y las fundaciones también deben recuperar el ritmo que llevaban al comienzo, y en tal sentido sería deseable que el fiscal nacional despejara si en realidad se trata de un exceso de sigilo, o si es que hay otro tipo de dificultades y en tal caso qué medidas pretende adoptar para agilizar estos procesos.