Limitado alcance de la agenda proinversión
Aun cuando las medidas anunciadas por el gobierno van en la dirección correcta, su acotado alcance difícilmente producirá un punto de inflexión; para que ello se produzca es indispensable corregir los aspectos de fondo que han enrarecido el clima para la inversión.
El gobierno presentó esta semana una agenda proinversión con seis ejes de acción, que contienen más de 25 líneas de trabajo, las que buscan reactivar la inversión en Chile. Según el informe presentado por el Ejecutivo, esta agenda permitirá “impulsar la inversión total en por lo menos 5 puntos porcentuales durante 2023, con arrastres adicionales en 2024″.
Las dificultades que ha enfrentado la inversión en la última década son significativas. Antes incluso del periodo de pandemia, la formación bruta de capital fijo había estado estancada entre 2013 y 2019, con un crecimiento promedio en ese periodo de solo 0,2% anual. Los profundos cambios en regulaciones claves para los proyectos -como en los ámbitos tributarios y laborales-, el proceso de maduración de diversos sectores, sobre todo de recursos naturales, y la falta de regulaciones que mejoren la competitividad de la economía, fueron parte de los elementos que estancaron la inversión.
El panorama actual no parece mucho mejor. Después de la recuperación del socavón provocado por la pandemia -la inversión en 2021 se expandió en 17,3%, recuperando la fuerte caída de 9,3% del 2020-, las perspectivas en materia de inversión son decepcionantes. El Banco Central estima en su último IPoM que la formación bruta de capital fijo se contraerá este año (-3,3%) y el próximo (-4,7%); es decir, en un nivel similar al que teníamos en 2012. Dicho de otra forma, de concretarse la estimación del Central, la inversión habrá estado estancada por 11 años.
En este sentido, el paquete de medidas presentado por el gobierno es necesario, pues busca revertir este ciclo de estancamiento con iniciativas que apuntalen la inversión. Sin embargo, varias de ellas solo postergan medidas tributarias que eran un lastre, o colocan el acento en la inversión pública. Un elemento destacable es la depreciación semi instantánea, la que sin embargo queda acotada solo al próximo año; también ha despertado interés la garantía estatal para el financiamiento del 10% del pie del crédito hipotecario para la adquisición de la primera vivienda nueva. Otras medidas no tendrán ningún efecto reactivador de la inversión en el corto plazo, como la construcción de ciclovías de alto estándar o la reapertura de agregadurías de inversión en el exterior.
Es preocupante que lejos de abordar las causas de fondo que arrastra el estancamiento de la inversión -entre las que por cierto se suma la incertidumbre política, además de un clima poco amistoso hacia la inversión- y buscar agregar medidas que generen un salto en la competitividad del país, se sucedan paquetes de medidas que, si bien apuntan en la dirección correcta, resultan insuficientes para provocar un punto de inflexión real y permanente.
La incertidumbre que han tenido que soportar los inversionistas que se deciden por nuestro país, en circunstancias que varios elementos esenciales para la inversión están en discusión, solo podría ser compensada con mecanismos de incentivos tributarios profundos, mayor flexibilidad laboral, profundización de los acuerdos comerciales y mejoras en infraestructura y conectividad tanto física como digital, a lo que se añade la necesidad de que el nuevo marco constitucional que se discute conserve los pilares que permitieron un fuerte salto al desarrollo.
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