Lineamientos de nueva política migratoria

Recientemente, la ministra del Interior dio a conocer la Nueva Política de Migración y Extranjería, resultado del trabajo de más de un año del Consejo de Política Migratoria, y en cumplimiento del mandato de la Ley 21.325. Se trata de un hecho que tiene especial relevancia atendido el fenómeno de la inmigración de los últimos años, el cual se ha caracterizado por el aumento explosivo de extranjeros que buscan avecindarse en el país. Ello se ha traducido en que de los 184.464 extranjeros que residían el 2002, en 2017 se llegara a 746.645 y a fines de 2022 a casi un millón y medio.

Es por ello que resulta relevante el que se haya definido el objetivo de buscar una migración ordenada y segura, abordando una amplitud de materias en diez ejes esenciales que van desde la regulación migratoria, el impacto en el desarrollo económico, integración y cohesión social, la seguridad y control de fronteras, hasta la situación de chilenos en el exterior. Asimismo, se establecieron no solo medidas de aplicación inmediata, sino también el desarrollo de un Plan de Acción Interministerial que definirá metas, plazos y asignará responsabilidades.

Sin embargo, es el ingreso irregular el que genera especial preocupación, sobre todo por la condición de vulnerabilidad en que quedan quienes lo hacen, y que muchas veces son objeto de prácticas delictivas como el tráfico y trata de personas realizados por organizaciones criminales. Ya en 2018 la situación ameritaba una respuesta institucional, ante lo cual la administración anterior dio a conocer que en un periodo de regularización que se abrió ese año, más de 265 mil extranjeros iniciaron su proceso o solicitaron una visa. Con ello el Presidente Sebastián Piñera anunciaba que a partir de ese momento no se aceptaría más el ingreso a nuestro país de personas que lo hicieran vulnerando las leyes, situación que el explosivo aumento de ingresos por pasos no habilitados en los últimos años se ha encargado de desmentir.

Es por ello importante que se haya considerado ampliar ciertas causales de expulsión, el reforzamiento de las instalaciones fronterizas, la sanción a empresas de transporte que trasladen a quienes no cumplen con los requisitos de acceso al país o su salida, y se renueve el compromiso con la persecución al crimen organizado, entre otras medidas.

Con todo, se han levantado una serie de interrogantes respecto de las propuestas relativas a quienes ya están en el país de manera irregular, en particular en lo concerniente a la realización de un control biométrico a quienes se inscriban entre el 15 de junio y el 6 de octubre. De acuerdo con lo explicado por el director del Servicio Nacional de Migraciones, con ello se pretende “empadronar a esas personas para saber quiénes son y dónde están, si tienen antecedentes, vínculos y, sobre esa información, vamos a ir tomando decisiones”. Dichas decisiones dependerán de sus vínculos familiares, antecedentes penales y actividades laborales, criterios que bien podrían abrir la puerta a un “perdonazo” -algo que la autoridad ha descartado de plano, indicado que se verá caso a caso-, lo que claramente complotaría contra el objetivo de desincentivar el ingreso irregular al país.