Litio: la oportunidad que Chile no puede dejar pasar
El país debe abocarse a enfrentar cuanto antes los problemas que han trabado un mayor desarrollo de la industria del litio, para lo cual resulta fundamental tomar distancia de las equivocadas experiencias que se han visto en la región.
El precio del litio subió 701% en un año. Como consecuencia, SQM traspasó al Fisco por participaciones devengadas durante el primer semestre de este año la suma de US$ 2.198 millones, cifra que superó los US$ 1.671 millones traspasados en el mismo período por Codelco, la megaminera estatal del cobre. Por su parte, Albemarle, el otro gran operador en esta industria, duplicó sus aportes al erario en el primer semestre en relación con igual período de 2021, llegando a US$ 200 millones.
Todo indica que si los precios del litio tras estos aportes al Fisco pueden proyectarse como estables o crecientes en el tiempo, y se logran producciones acordes con la vastedad de las reservas chilenas, el litio puede permitir ajustes importantes en la política fiscal, sea por la vía de suavizar los ajustes tributarios requeridos para financiar cualquiera sea la política de gastos considerada necesaria, con indudables beneficios en términos de crecimiento económico, o permitiendo gastos adicionales sin alterar el endeudamiento público. La información, sin embargo, más allá de llevar al gobierno a definir usos para los recursos inesperadamente elevados transferidos por SQM, no concentró mayor atención en lo que se debe hacer en relación a la explotación del litio para materializar la oportunidad extraordinaria que tiene el país.
El litio es el metal más liviano y con la mayor densidad energética de toda la Tabla Periódica, lo que significa que puede acumular mucha energía en muy poco espacio. Esta característica, crítica para su uso en baterías, lo hace muy valioso para el desarrollo de la electromovilidad, considerada esencial para dejar atrás la dependencia de combustibles fósiles. El avance del auto eléctrico es una realidad en el mundo y los fabricantes de automóviles y baterías, en su competencia por asegurar insumos para la producción de vehículos eléctricos, han elevado ya fuertemente el precio del litio.
Mientras la expectativa de precios elevados para el litio se ha ido consolidando, e incluso se anticipa una escasez creciente de litio y hasta la amenaza de agotamiento del suministro de baterías, nuestro país no termina de consolidar una política que haga justicia a su potencial productivo y arriesga quedarse atrás: habiendo sido el primer productor mundial de litio está hoy bajo Australia, que lo duplica en producción.
En un artículo reciente, The Wall Street Journal (WSJ) expresa su preocupación por el desarrollo de la industria del litio en Chile. Su mayor preocupación no es la recaudación fiscal y el mayor bienestar de Chile, sino la viabilidad de lograr el abastecimiento de litio para sustentar el paso a la electromovilidad en el mundo. Y, desde esa perspectiva, el periódico expresa dudas de que los tres países con la mayor responsabilidad por el hecho de tener las reservas más cuantiosas del mundo -Bolivia (21 millones de toneladas), Argentina (19 millones) y Chile (9,8 millones)- vayan a estar a la altura del desafío.
En nuestro país, donde el punto de partida es de un fuerte control estatal sobre el litio, se dan en forma simultánea todos los problemas potenciales para desincentivar una minería pujante: un gobierno dispuesto a tomar riesgos con tal de aumentar su control sobre el mineral y una mayor participación en los beneficios, comprometido con la creación de una empresa nacional del litio; preocupaciones ambientales muy relevantes, particularmente en torno al uso de agua requerido por el procesamiento del mineral, así como activismo por parte de algunas comunidades indígenas en los territorios donde se encuentra el recurso, algo que ya ha llevado a revertir contratos adjudicados.
Parece importante que, más allá de preferencias ideológicas y del ambiente refundacional asociado al proceso constitucional, nuestro país se aboque “profesionalmente” a enfrentar cuanto antes los problemas que han trabado un mayor desarrollo de la industria del litio, porque de lo contrario se corre el riesgo de dejar pasar una oportunidad excepcional. Bolivia provee de un buen ejemplo de lo que hay que evitar. Evo Morales, a pesar de una clara debilidad tecnológica, nacionalizó la industria del litio en 2008. Tras invertir muchos recursos por un largo periodo de tiempo, una producción insignificante apunta a un enfoque fracasado. Argentina, en cambio, que ha tenido una estrategia abierta a la inversión extranjera, parece en condiciones de multiplicar por seis la producción actual para llegar a 230.000 toneladas anuales en 2031, si es que esta vez se distancia de su largo historial de intervenciones estatales. Chile también puede recurrir a su exitosa experiencia con el cobre a fin de replicarla en el caso del litio.
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