Los alcances de la renuncia del comandante en jefe del Ejército

El miércoles, siete días antes de que concluyera el ejercicio de su cargo, el general Ricardo Martínez hizo efectiva su renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército tras comunicarla al Presidente de la República. La decisión la tomó luego de que se conociera la resolución de la ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford citándolo a declarar en calidad de imputado en la arista de “Pasajes y fletes”, en la causa sobre fraude al Fisco cometida al interior de la institución castrense.

La inusual decisión fue motivada por la posibilidad de que el alto oficial quedara detenido luego de la audiencia -como ha ocurrido con otros ex altos oficiales- estando aún en servicio activo, tras el rechazo de la ministra a la solicitud de la defensa de que la diligencia se efectuara luego de terminar su mandato. Con ese riesgo quedaba sin un margen de acción que le permitiera no comprometer la imagen institucional y de su cargo. Las gestiones procesales posteriores, al recurrir a la Corte Marcial y no presentarse a declarar, confirman que hubiera tensionado aún más la situación.

El hecho agrega un nuevo capítulo a una causa que en sus distintas aristas ya tiene condenados y a tres excomandantes en jefe procesados por fraude en el tema de pasajes y uso de gastos reservados. El proceso que se arrastra desde hace muchos años -basta recordar que la ministra actualmente a cargo del proceso asumió en 2017- y puso en evidencia que por un prolongado tiempo hubo descontrol y falta de fiscalización sobre las instituciones armadas. La supuesta comisión de los graves delitos que se investigan en el manejo de los fondos reservados -y que habrían incrementado el patrimonio personal de altos oficiales-, dan cuenta de ello, pero también de las malas prácticas que se habrían hecho habituales en la adquisición de pasajes.

En el comienzo de la era Martínez se produjo una renovación importante en el alto mando y un esfuerzo por trasparentar y tener un mayor control en el manejo de recursos, que se sumó al mejor control externo de los fondos reservados por parte de la Contraloría, Ministerio de Defensa y la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Sin embargo, ello no quita que sea importante avanzar en la investigación y dilucidar las responsabilidades, para luego sancionar a quienes resulten culpables en aquellos casos que terminaron en enriquecimientos personales.

Por otra parte, en el caso de las prácticas irregulares que se habrían hecho habituales -como las de pasajes y fletes- se debe determinar y sancionar las responsabilidades de quienes las estructuraron, promovieron y las permitieron, distinguiendo de quienes sin intención de defraudar al Fisco pudieron beneficiarse, más allá de la restitución que pudiere corresponder, y que la institución en su momento promovió. Más aún considerando que otras instituciones armadas ya habían reconocido la gravedad de esas prácticas y las habían suspendido.

Sin perjuicio de ello, la situación tiene una connotación especialmente delicada, por cuanto al ser un pilar fundamental de la Defensa Nacional, la permanente exposición de uniformados investigados o citados a declarar en la investigación de hechos que pueden revestir el carácter de delitos, genera un impacto en la sociedad, en la imagen que las instituciones armadas deben tener y en la confianza que deben transmitir, para desempeñar los roles profesionales que les corresponden de acuerdo a la Constitución en materia de defensa y seguridad. Por ello, es esencial que la investigación avance hasta determinar las responsabilidades penales que correspondan y se apliquen las sanciones, pero también es conveniente que los procesos no se extiendan innecesariamente en el tiempo.

Junto a ello, introducir mayores controles y auditorías externas en materia de gastos administrativos permitiría generar instancias para cerrar espacios en que la lógica del mando ha facilitado la comisión de irregularidades en los últimos años. Igualmente importante es contar con una mejor evaluación de quienes ascienden en la carrera, en especial en relación al control administrativo y de recursos que eventualmente debieron ejercer. Todo ello ayudaría a evitar que situaciones como la presente se sigan repitiendo.