Los efectos de vivir bajo el temor a la delincuencia

El último estudio nacional de opinión pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) no solo ha vuelto a confirmar que, conforme estima la ciudadanía, la delincuencia sigue siendo el problema al que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo para solucionarlo (57%), sino que el porcentaje de personas que opina de esta manera experimentó un importante incremento de seis puntos respecto de la medición de septiembre-octubre de 2023. De acuerdo con el estudio, el segundo problema es la salud (34%, una disminución de seis puntos respecto de la anterior medición), en tanto que en tercer lugar se ubican las pensiones, con 32%. Y aunque la inmigración se ubica en el sexto lugar, esta experimentó un alza de siete puntos respecto del sondeo del año pasado.

Estos resultados son coherentes con lo que se observa en los aspectos que dominan el debate público, donde el tema de la inseguridad es definitivamente la mayor inquietud de los chilenos, fenómeno que no solo se explica por una delincuencia cada vez más violenta, sino también por la expansión del crimen organizado, con sus secuelas de asesinatos, corrupción y control territorial. De ello la ciudadanía ha sido testigo a raíz de la última ola de asesinatos en la Región Metropolitana, lo que motivó a que el gobierno se viera en la necesidad de hacer una serie de anuncios.

A la hora de definir las tres principales causas que explican la delincuencia en el país, el estudio del CEP arroja hallazgos importantes, principalmente en lo referido a la inmigración irregular, pues el 60% estima que es la principal razón del fenómeno, un impresionante aumento de 11 puntos respecto a la medición de junio-julio 2023. En segundo lugar, la ciudadanía lo atribuye a la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes (53%), un incremento de siete puntos respecto a la anterior medición, mientras que en tercer lugar (43%) se ubica el consumo de alcohol y drogas.

En este clima de inseguridad no debería sorprender que un abrumador 86% estime que las Fuerzas Armadas deben apoyar a las policías en el combate al crimen organizado, o que el 84% estime que ese apoyo se debe extender a los barrios con mayor delincuencia, mismo porcentaje que estima deben apoyar a las policías frente a un grave cuadro de alteración del orden público.

Estas conclusiones permiten dimensionar las enormes implicancias que conlleva el hecho de que una sociedad viva fuertemente atemorizada, y la necesidad de que las políticas públicas actúen con sentido de urgencia, porque mientras más se expanda el temor y la sensación de inseguridad las demandas por “mano dura” y colocar orden aun a costa de sacrificar libertades personales o garantías fundamentales se va incrementando, lo que a su vez es un caldo de cultivo para el surgimiento del populismo penal o de liderazgos políticos mesiánicos. Esto ya se observa cuando se pide el cierre de fronteras, o condenas cada vez más extensas, a pesar de que el número de personas bajo prisión preventiva no tiene precedentes, y aun así la delincuencia no parece disminuir. El gobierno debe por tanto desplegar todos sus esfuerzos para atajar la ola de delincuencia e impedir que el país caiga en un círculo muy poco virtuoso.