Los gremios empresariales y su visión sobre la nueva Constitución

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, señaló en una entrevista en este medio que “no es el rol de un dirigente gremial estar hablando a favor o en contra de una Constitución. Sí de ideas, de valores, de principios. Los gremios empresariales no tenemos que dar opinión sobre posturas políticas. Sí sobre llegar a amplios acuerdos que representen a la ciudadanía, que respeten ciertos valores y reglas del juego. Pero no creo que sea positivo para una discusión, porque tenemos mucho peso, y en eso marcaríamos una postura que, a lo mejor, desequilibra la balanza”.

Sus palabras, como era esperable, crearon una polémica en el mundo de la empresa, toda vez que unos días antes el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, así como otros timoneles de ramas empresariales, explicitaron su apoyo al texto de nueva Constitución que se votará en diciembre.

Por lo anterior, sus palabras recibieron una inmediata respuesta del timonel de la CPC, quien volvió a reafirmar sus dichos señalando que “los gremios tenemos que dar nuestra opinión respecto de las políticas públicas. Y la Constitución es la principal política pública. Si estamos opinando sobre otras políticas públicas no veo por qué no sobre la Constitución”.

En su apoyo también se manifestó el ex presidente de la CPC, Juan Sutil -quien se declaró públicamente a favor del rechazo en los dos plebiscitos anteriores-, señalando que “cuando está en juego la estabilidad y el futuro del país me parece bien que los gremios se pronuncien y entreguen también una opinión respecto a lo que al país le conviene y, en este caso, opiniones políticas”. Consultado por la opinión de la presidenta de la Sofofa al respecto, señaló explícitamente no estar de acuerdo y, por el contrario, sí apoyar la postura del timonel de la CPC. “Lo que están ejerciendo los gremios empresariales son sus derechos a dar opinión y eso es legítimo. Cada uno verá cómo toma la opinión de un gremio u otro”.

Más allá de las diferencias respecto de la propuesta de nueva Constitución, parece claro que la postura de la presidenta de la Sofofa es errónea. Los gremios empresariales, como cualquier otro, son entidades que precisamente se forman para representar la opinión del grupo que los convoca. Se trata, es cierto, de una opinión interesada, pero no por ello menos legítima y, más aún, importante. Dado que la Constitución aborda temas muy sensibles al quehacer de la economía y la empresa, entonces resulta importante para la opinión pública conocer sus posturas sobre lo que se está proponiendo en estos ámbitos. Si la Sofofa tiene por norma no pronunciarse en temas electorales, en lo que respecta a este proyecto constitucional bien podría hacerlo en lo que atañe a políticas públicas y económicas, omitiéndose en los contenidos que tengan que ver con la parte política.

En lo anterior, no hay que tener temor a que el peso de la Sofofa pueda desequilibrar la balanza, como indica su presidenta. Esa es una pretensión infundada de cualquier gremio o grupo en los tiempos que corren, donde nadie tiene el poder para dar vuelta una elección de este tipo, en parte porque la ciudadanía toma en cuenta en su voto muchas posturas, donde ninguna en particular es concluyente. Ahora bien, si la Sofofa, a diferencia de otros gremios, no quiere dar a conocer su opinión, ello no excusa a que cuestione que otros sí lo hagan.

En lo que sí todos coinciden, incluyendo a la Sofofa, es la necesidad de que el proceso se cierre. La misma Rosario Navarro señala que “dado los principios que siempre hemos impulsado, que son la certeza jurídica, la seguridad y el tener reglas del juego claras, el cerrar el capítulo constitucional es algo que permitiría dar cierta certidumbre”.

El matiz aparece porque para la CPC la única forma de cerrar el capítulo es aprobando la propuesta constitucional, no sólo porque su rechazo podría dejar abierta la puerta a otras iniciativas, sino también porque muchos reconocen que el nuevo texto resuelve problemas estructurales importantes. Sutil es muy claro en aquello, señalando que Chile tiene serias dificultades de construcción de acuerdos políticos y el proyecto lo que hace es ordenar el sistema político para adelante y eso -asegura- es fundamental para darle estabilidad al país, lo que genera confianza y crecimiento económico.

Se trata sin duda de una opinión, y es evidente que hay otras. Pero ahí reside el valor de plantearlas, porque son los elementos de discusión que necesita el país para abordar el tema. Por el contrario, restarse de la discusión, en particular cuando se trata de gremios empresariales, no sólo es una omisión que no corresponde, sino también pone en duda pasadas y futuras intervenciones de dichas entidades, como cuando han opinado en forma muy clara respecto al pacto fiscal o el instaurar una política procrecimiento. Es cierto que la Constitución no es una política puntual sobre temas económicos, pero sí establece un marco sobre esos temas que es decisivo para el desarrollo del país. De allí que manifestarse sobre su pertinencia es fundamental.