“Los impuestos son un tema feminista”

Así titulaba en 2017 la revista The Economist un artículo sobre el sesgo de género de la política fiscal en los países desarrollados. De hecho, muchos de éstos se destacan por tener políticas para promover la equidad entre sexos, pero menos se habla de los sesgos de la política fiscal. Australia fue el primer país en adoptar una política de presupuesto fiscal con consideraciones de género (gender budgeting) entre 1983 y 2013, y según la OCDE más de 90 países han utilizado alguna forma de presupuesto fiscal con perspectiva de género durante la última década (Downes, Von Trapp y Nicol, 2017).

Los países se han dado cuenta que las medidas presupuestarias afectan a hombres y mujeres de manera diferente (Stotsky, 2016). Por el lado del gasto es evidente que los sectores de cuidados infantil y de adultos mayores, educación, salud y pensiones no contributivas son áreas cuyo gasto es sesgado en favor de mujeres. Por otra parte, hay sesgos en la definición de algunas partidas, por ejemplo, muchos gobiernos tratan el gasto en infraestructura física como una inversión, pero el gasto en infraestructura social, como el cuidado infantil, como un costo. Sin embargo, ese gasto también aumenta la productividad y el crecimiento, en parte al aumentar el número de mujeres en la fuerza laboral (Elson, 2017).

Por otra parte, por el lado de la recaudación también hay fuertes diferencias que han sido menos exploradas. Así, es bastante probable que el impacto distributivo de las exenciones tributarias esté sesgado en contra de la mujer. Por ejemplo, beneficios tributarios al sector construcción y al sector financiero. Más aún, como las mujeres están significativamente subrepresentadas en los top incomes, impuestos a la riqueza afectan de manera muy diferente a hombres y mujeres.

El análisis de los presupuestos fiscales con una perspectiva de género no es una fórmula mágica para lograr una política fiscal feminista. Sin embargo, es una de las medidas que los países pueden utilizar para garantizar que la política fiscal no se erosione aún más (Stotsky, 2016). Una discusión tributaria con perspectiva feminista es algo complejo, pero necesario. Alstott (1996) señala que los cambios en las leyes tributarias, particularmente en combinación con otras reformas legales, podrían mejorar el bienestar económico o facilitar la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

En Chile, como manera de incorporar “buenas prácticas” en este tema, comenzó a aplicarse la perspectiva de género al presupuesto del sector público a través del gasto “etiquetado” de programas sociales, cifra que en todo caso representa menos de un 1% del presupuesto total. Sin embargo, queda mucho espacio para avanzar en un análisis del resto de la política fiscal, especialmente la tributaria.