Los primeros avances del nuevo proceso constituyente

Las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso sobre el diseño del nuevo proceso constituyente están comenzando a entregar sus primeros frutos, particularmente en lo referido a las bases o principios que deberían contenerse en el futuro texto. Se trata de un aspecto fundamental, porque si bien aún son numerosas las materias del proceso que siguen abiertas y que podrían complicar el cierre del acuerdo -por de pronto no está zanjado si será una nueva convención o un órgano mixto, tampoco el sistema electoral, paridad y el rol de los independientes, entre otros temas-, resulta esencial comenzar a dar tempranamente señales acerca de la voluntad de acotar los espacios de incertidumbre, para evitar que se repita la experiencia refundacional que tanto daño hizo en el proceso anterior.

De acuerdo con los borradores que se han ido conociendo, se dejaría por establecido que Chile es una república democrática, y que el Estado de Chile es unitario y descentralizado; la soberanía reconoce como límite la dignidad de las personas y los derechos humanos, estableciéndose que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos fundamentales. También se formula un compromiso en torno al Estado social de derechos y libertades, una definición que, si bien es posible que no todos los sectores la interpreten de una forma unívoca, cabe esperar que sirva como guía para compatibilizar la garantía y protección de una serie de derechos sociales, con la noción de que la provisión de los mismos no puede pretender radicarse exclusivamente en el Estado.

Las fuerzas políticas parecen estar más conscientes esta vez de que la plurinacionalidad, tal como fue consagrada en la propuesta fallida de la Convención, resultaría inviable volver a repetirla en el futuro texto, pues ciertamente se trata de una de las materias que produjo mayores resistencias y cuestionamientos en la sociedad, ni siquiera respaldada en las zonas de mayor prevalencia de población indígena, como lo demostró el plebiscito. Resulta así un avance que la fórmula sobre la que se trabaja busque dejar por establecido que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, y que el Estado promoverá y respetará sus culturas. Estas definiciones probablemente se acercan más a lo que la mayoría del país aspira en la manera como el tema de los pueblos originarios debería tratarse en la futura Constitución.

Otros aspectos importantes que recogen estas bases se refieren a mantener tres poderes separados e independientes entre sí -con un Poder Judicial que tendrá unidad jurisdiccional-, que el jefe de gobierno tenga iniciativa exclusiva en materia de gasto y que el Poder Legislativo sea bicameral, compuesto por un Senado y Cámara de Diputados, lo que ayuda a evitar el desdibujamiento del sistema político que contenía la propuesta de la Convención. La protección del derecho a la vida, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de los hijos, así como el respeto por la naturaleza, conforman también parte de estas primeras definiciones.

Las fuerzas con representación en el Congreso parecen estar haciéndose cargo de aquellos problemas más evidentes que contenía la propuesta constitucional rechazada, con lo cual se está dando un paso valioso hacia el objetivo de tener un texto que despierte la adhesión mayoritaria, para lo cual resulta fundamental alejarse de las visiones maximalistas y despejar que los cambios no implicarán trastocar por completo al país.

Es una señal saludable que el Congreso esté tomando finalmente un papel más decisivo en el debate constituyente, porque reivindica el rol de esta fundamental institucionalidad de la democracia; lo mismo cabría decir sobre el papel de los partidos políticos, que a pesar del descrédito y desconfianza que siguen despertando en la mayor parte de la ciudadanía, aquí confirman que continúan siendo entidades fundamentales para efectos de poder canalizar los grandes acuerdos.

Uno de los aspectos que resta por despejar es qué entidad -y con qué mecanismos- será la encargada de salvaguardar que estas bases constitucionales no sean pasadas a llevar una vez que se inicie el proceso constituyente. No resultaría aconsejable que se usara el mismo mecanismo contemplado en el proceso anterior, el cual establecía que ello quedaría radicado en una sala especial de la Corte Suprema. Se requiere esta vez de alguna instancia con suficiente peso político que no solo vele por las cuestiones procedimentales, sino que también pueda conocer del fondo, para que contribuya a dar más certezas.