Luz de alerta ante amenazas a autoridades

El asalto de que fue objeto el alcalde de Zapallar y su familia en su hogar ha generado alto nivel de preocupación, desde luego no solo por la conmoción que significa un hecho de esta naturaleza, sino porque los niveles de agresividad y la dinámica del asalto -no hubo sustracción de objetos personales, pero sí robo de vehículos, que luego fueron quemados- ha abierto la hipótesis de que se podría tratar de un ataque perpetrado por grupos ligados al narcotráfico, buscando enviar una clara señal de amedrentamiento. En este caso, la hipótesis se ve reforzada por el hecho de que el alcalde ha encabezado una serie de acciones en contra de grupos de este tipo que operan en la zona.

Ciertamente que de comprobarse que se trata de un acto de abierta amenaza hacia una autoridad, el hecho encendería una preocupante luz de alerta, por las implicancias de algo así. No se trataría, en todo caso, de un hecho aislado, sino que ya encuentra una serie de precedentes; en el caso de los alcaldes, a lo menos cuatro de ellos en la Región Metropolitana han recibido amenazas de muerte -es el caso del alcalde de La Florida, sobre todo a raíz de su política de derribar casas narco; la alcaldesa de La Pintana; el alcalde de Puente Alto y el de San Ramón, comuna donde los tentáculos narco han permeado fuertemente-, lo que ha motivado a que algunos incluso deban contar con custodia policial permanente. A ello se suman amenazas a diputados en La Araucanía, como también a los fiscales de la zona. Incluso un consejero constitucional electo por dicha región fue objeto de un ataque armado en su hogar. En otros puntos del país, particularmente donde operan peligrosos carteles internacionales, diversas autoridades también han sido objeto de amenazas.

Frente al aumento de casos de amenazas hacia autoridades por parte del crimen organizado, el Ministerio Público ha creado recientemente una unidad dedicada a analizar este tipo de casos, algo que hasta aquí no había sido necesario de instaurar.

Los numerosos casos que se han conocido hasta ahora son ya ilustrativos de cómo el crimen organizado se ha ido transformando en una amenaza creciente en el país. Un nítido reflejo de ello se observa en el explosivo aumento que se ha observado en la tasa de homicidios -con un promedio de más de 70 casos por mes-, así como en los decomisos de droga, observándose que algunos puertos chilenos son utilizados como pasadizos para traficar hacia mercados internacionales.

El amedrentamiento hacia las autoridades es un fenómeno bien conocido en países de América Latina donde el crimen organizado se ha transformado en una amenaza cada vez más potente. Cuando se ataca directamente a las autoridades se afecta al conjunto del Estado, pues es una presión directa sobre las instituciones para que éstas se inhiban de hacer su trabajo; también es la vía como se logra cooptar a funcionarios públicos, extendiendo así una peligrosa red de corrupción.

Hay coincidencia en que Chile todavía no ha llegado a los preocupantes niveles de deterioro que se observan en otras realidades, pero es claro que el flagelo ya está instalado y su combate debe ser una prioridad a todo nivel.