Macrozona Sur sin estado de excepción

Este sábado termina la vigencia del estado de excepción constitucional que rige en cuatro provincias de la llamada Macrozona Sur, luego de que el actual gobierno tomara la decisión de no seguir renovando dicho estado, el cual se viene aplicando ininterrumpidamente desde octubre del año pasado mediante sucesivas prórrogas aprobadas por el Congreso, a solicitud del Presidente de la República.

La presencia de las Fuerzas Armadas en la zona respondió al dramático incremento de los actos de violencia -lo que incluso se está traduciendo en asesinatos selectivos- y atentados incendiarios, todo ello en el marco de las reivindicaciones que impulsan grupos que promueven causas indigenistas. Aun cuando es un hecho que la presencia de personal militar -cuyo rol ha sido apoyar el quehacer policial- no ha logrado disuadir la acción de estos grupos, los reportes oficiales indican que el número de ataques se habría reducido en más de 40%, por lo que su presencia aparece más que justificada y ello ha sido reconocido así por autoridades locales y también por una parte importante de sus habitantes, que apoya el estado de excepción.

El nuevo gobierno ha sostenido que el camino para el conflicto en La Araucanía y zonas aledañas no es la violencia sino el diálogo y una solución política, por lo que el estado de excepción no será parte de la estrategia, sin perjuicio de que se dejó abierta la posibilidad de considerarlo en el futuro. Es en este marco que una de las primeras medidas de la nueva administración fue enviar una nutrida delegación ministerial a la zona -encabezada por la titular del Interior-, pero cuya visita se vio abruptamente alterada producto de los disparos con armamento de grueso calibre que efectuaron desconocidos cuando la comitiva de la jefa de gabinete se aprestaba a ingresar a la comunidad de Temucuicui. Fue una confirmación in situ de que en la zona existen territorios que están fuera del control del Estado y que se rigen por sus propias reglas, un hecho que a pesar de su gravedad pareció ser minimizado por las autoridades, al punto que el gobierno ni siquiera estuvo dispuesto a presentar querellas.

El nuevo gobierno tiene ahora la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de los habitantes de estas zonas, así como de las actividades productivas que están siendo objeto de constantes atentados. Al prescindir de la presencia de las Fuerzas Armadas, el control de la seguridad en estas regiones volverá a recaer íntegramente en Carabineros -cuya labor ciertamente ha sido fundamental-, sin que hasta el momento el gobierno haya entregado mayores detalles del plan que se va a seguir para garantizar el orden público, lo que ha abierto legítimas aprensiones de que se pueda estar improvisando en una materia tan delicada como esta.

Hay consenso en que la crisis que afecta a la Macrozona Sur requiere ser abordada mediante amplios acuerdos políticos -en ese sentido, abrir instancias de diálogo, o establecer una comisión de verdad histórica, como pretende el gobierno, son caminos valiosos-, pero resultaría profundamente irresponsable que ello se pudiera utilizar como pretexto para desentenderse de la violencia insurgente que golpea a estas zonas, que ha llevado a que Chile se ubique entre los 20 países del mundo con más altos niveles de terrorismo.