Macrozona Sur y estado de excepción

La amplia votación con que se renovó en el Congreso el estado de excepción constitucional en cuatro provincias de la llamada Macrozona Sur, deja abierta la interrogante de cómo seguirá el curso de acción una vez que esta medida deje de ser aplicada, considerando que su vigencia llegará hasta el 11 de marzo, y las autoridades del nuevo gobierno han señalado que no contemplan seguir recurriendo a este instrumento una vez que asuman el poder.

Varios de los futuros ministros y subsecretarios del nuevo gobierno -incluido el presidente electo- no votaron en esta ocasión, pero quien sí lo hizo fue la futura ministra de Defensa, quien estuvo por rechazar la medida. Considerando que dicho ministerio es el que tiene a su cargo el manejo de las Fuerzas Armadas, la señal resulta decidora.

El gobierno viene aplicando sistemáticamente el estado de excepción desde el 12 de octubre del año pasado, constituyendo esta la octava vez que el Congreso concurre a su renovación. La justificación que ha entregado el Ejecutivo para respaldar la medida -en virtud de la cual se autoriza a que las Fuerzas Armadas puedan ser desplegadas con el fin de prestar labores de apoyo a las policías, en tareas logísticas y de vigilancia- responde a los graves hechos de violencia en dicha zona, los cuales se han incrementado peligrosamente tanto en número como en el ensañamiento. Solo en lo que va de este año, ya se han registrado varios asesinatos a sangre fría -además de un sinnúmero de atentados incendiarios-, todos hechos presumiblemente ligados al llamado conflicto indígena.

El gobierno ha señalado que la presencia militar ha permitido una disminución considerable en el número de ataques, un antecedente que de por sí debería bastar para mantener en pie esta medida excepcional, además de que un número considerable de sus habitantes y autoridades locales apoyan este despliegue. Prescindir en estos momentos de parte de las capacidades del Estado resulta entonces una movida riesgosa, que atendidos estos antecedentes debería ser reevaluada por el nuevo gobierno, en especial porque su propuesta alternativa tampoco parece descansar en un plan sólido y bien estructurado. El ofrecimiento de canales de diálogo como salida al conflicto debe naturalmente ser parte integral de cualquier solución, pero frente a grupos que han caído en el desquiciamiento total y ya no trepidan en asesinar, ninguna fórmula de paz tendrá viabilidad sin que antes estos núcleos sean desactivados usando todas las herramientas que provee el Estado de Derecho.

El actual gobierno terminará su período con la promesa incumplida de poner freno a esta escalada de violencia; ello desde luego supone que los habitantes de la zona han debido pagar un alto costo ante el fracaso del Estado, y la responsabilidad política de ello inevitablemente se cargará al gobierno. La confusa estrategia que las nuevas autoridades han insinuado hasta ahora para enfrentar el conflicto armado en La Araucanía y zonas aledañas anticipa que Apruebo Dignidad corre un alto riesgo de padecer similar suerte.