Maduro embiste contra la oposición venezolana

Los acuerdos recientemente suscritos en Barbados entre el gobierno venezolano y representantes de la oposición para llevar a cabo elecciones en el segundo semestre de 2024 han experimentado un serio revés, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió los efectos de las primarias llevadas a cabo por la coalición opositora Plataforma Unitaria, donde resultó electa con el 92% de la votación la candidata María Corina Machado, un triunfo arrollador pero que el gobierno de Nicolás Maduro pretende desconocer.

El régimen ha movilizado a todo el aparataje institucional que controla con el fin de sacar de carrera a cualquier candidatura que busque desafiarlo. Machado ya había sido inhabilitada en 2015, pero hace poco dicha sanción fue prorrogada por 15 años. La misma suerte han corrido otras figuras opositoras como Juan Guaidó o Henrique Capriles. Esta forma de desbancar candidaturas es ya habitual en Venezuela. Desde que Maduro llegó al poder hace una década, más de 1.400 personas han recibido este tipo de sanciones.

La enorme popularidad de Machado y el hastío de muchos venezolanos hacia el gobierno de Maduro la convertían en una candidata con altas chances de derrotar al mandatario, lo que explica estas indisimuladas maniobras para dificultar cualquier intento de la oposición por llegar al poder. Es evidente que sin instituciones independientes, todo ese accionar aparece ilegítimo, y el pretexto de que no se está cumpliendo con la ley venezolana aparece como una ironía proviniendo de quienes han manipulado las normas y las instituciones a su antojo.

Maduro se ha caracterizado por utilizar las negociaciones con la oposición como una manera de ganar tiempo; es por ello que algunos vieron con distancia los acuerdos alcanzados en Barbados. Existía alguna luz de esperanza, sin embargo, de que esta vez pudiera ser distinto, pues a cambio de que el gobierno allanara las negociaciones con la oposición, Estados Unidos se comprometió a levantar una serie de sanciones sobre el gas y el petróleo venezolano, algo que el régimen requiere desesperadamente a raíz de la crítica situación económica del país.

Las graves violaciones a los derechos humanos que se han sido documentadas en Venezuela, así como la crisis humanitaria provocada por las políticas chavistas -que han devenido en millones de desplazados- tornan urgente que el país pueda llevar a cabo elecciones limpias en que los venezolanos puedan elegir libremente su destino. Estas esperanzas se ven ahora seriamente amenazadas, por lo que Estados Unidos tiene la llave para presionar al régimen y exigir que la voluntad popular expresada en estas primarias no sea objeto de ningún tipo de boicot. Los países de la región también tienen la responsabilidad de exigir que el proceso eleccionario se lleve a cabo respetando las garantías de la oposición; un silencio en esta materia sería un preocupante indicativo de que el compromiso con los procesos democráticos queda subordinado a los intereses ideológicos.