Manto de dudas sobre el SII

En los últimos días, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha tenido protagonismo en dos hechos que han llamado la atención noticiosa. Desde luego, el de mayor connotación es el megafraude que quedó al descubierto en el marco de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía, donde de acuerdo con los antecedentes que ha entregado el propio Servicio se trata de la mayor defraudación que ha tenido lugar en el país. Se trataría de un complejo entramado de “clanes”, donde se habrían emitido más de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal que rondaría los $ 240 mil millones.

En paralelo, el ministro de Hacienda dio a conocer recientemente las principales conclusiones de un estudio encargado por el SII -el cual fue llevado a cabo por un exdirector del Servicio- para medir el incumplimiento tributario en el país. Conforme con dichos hallazgos, la brecha de incumplimiento tributario total considerando el IVA y la tasa corporativa alcanzaría el 6,5% del PIB para el periodo 2018-2020. Los hallazgos llamaron poderosamente la atención tanto en el mundo empresarial así como parlamentario, no sólo por los enormes volúmenes involucrados, sino porque a juicio de algunos dichas cifras no se corresponderían con la realidad. Llama la atención que a pesar del revuelo que han provocado estos antecedentes, el estudio completo todavía no esté disponible, lo que ha motivado a un grupo de parlamentarios a oficiar al Ministerio de Hacienda para tener acceso a dicho documento.

Tanto el megafraude como las cifras de incumplimiento tributario parecieran estar siendo utilizados por algunos para sacar réditos; en lo primero, algunos insisten en hablar de que quienes aparecen procesados por la justicia son “empresarios”, cuando en realidad lo que predomina son meras empresas de fachada para simular operaciones. En lo segundo, algunas voces han buscado extender una crítica generalizada al empresariado -sobre la base de un informe que aún no se conoce y cuya metodología no ha sido posible evaluar-, en tanto que otros han relevado la necesidad de aprobar pronto las normas antievasión que propone el pacto fiscal del gobierno.

Al margen de estas consideraciones, cabe reparar que en ambos casos la imagen del Servicio de Impuestos Internos se podría estar viendo comprometida, al quedar dudas sobre las capacidades fiscalizadoras de la institución. Esto porque en el caso del megafraude se han conocido recientes antecedentes que apuntarían a que hace cinco años hubo una autodenuncia de una de las personas que hoy enfrenta la justicia; por lo mismo, es razonable preguntarse por qué el SII habría tardado tanto tiempo en despejar este fraude, considerando además que no debería resultar complejo identificar la existencia de empresas falsas. Por otra parte, si las cifras de incumplimiento tributario que entregó el ministro de Hacienda son correctas, estarían revelando una manifiesta incapacidad del Servicio para fiscalizar oportunamente el pago de impuestos.

Es fundamental que el propio Ministerio de Hacienda, como responsable de este servicio, aclare las dudas que se han levantado al respecto, ya que no resulta conveniente que una institución tan relevante como el SII aparezca expuesta de esta manera.