Masificación de los “loteos brujos”
Supone un grave riesgo que pueda estar desarrollándose una industria dedicada este tipo de actividades fraudulentas, lo que exige una respuesta más contundente del Estado.
Un reportaje publicado por este medio acerca de cómo operan grupos que desenfadadamente han llevado a cabo “loteos brujos” en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso, ha vuelto a relevar la masividad que presenta este tipo de irregularidades así como las técnicas cada vez más elaboradas para vulnerar la ley, dejando a la institucionalidad varios pasos atrás para efectos de poder ponerle freno y sancionar a sus responsables.
En los últimos años, el país ha sido testigo de la proliferación de campamentos así como de terrenos que son loteados sin permisos otorgados por la autoridad, realidades que tienen orígenes muy disímiles. En el primer caso, estos asentamientos responden por lo general a situaciones sociales muy precarias, de familias que no tienen acceso a viviendas o que por caídas de ingresos han debido emigrar desde sus hogares. Los “loteos brujos”, en cambio, son actividades de tipo comercial en que se adquieren grandes superficies de terrenos con el fin de subdividirlos sin respetar las superficies mínimas en que ello se puede hacer, y sin acceso a servicios básicos, entre otras faltas. Algunos reportes han mostrado casos en que estos predios incluso se destinan para segundas viviendas, lo que dista de tratarse de una urgencia social.
La investigación periodística publicada en este medio reveló que estos sitios se publicitan abiertamente, como si se tratara de proyectos habitacionales, y para efectos de burlar los trámites de inscripción de los terrenos en el Conservador de Bienes Raíces se ha ideado la fórmula de vender a los compradores acciones de sociedades inmobiliarias constituidas para el caso, bastando para ello un registro notarial. Es fácil advertir la precariedad jurídica en la que quedan las familias que invierten en estos sitios, pero a la vez da cuenta de la impune forma en que los grupos dedicados a esta actividad utilizan mecanismos establecidos en la legislación para fines fraudulentos.
La expansión de las urbes en forma irregular presenta dimensiones particularmente complejas, pues no solo se están expandiendo las ciudades de manera informal, quedando fuera de la órbita de los planes reguladores y afectando la calidad de vida de miles de familias, sino que además da pie para que se establezca toda una industria dedicada a este tipo de ilícitos -algo que por lo visto ya podría ser una realidad-, pudiendo incluso llegar a ser un lucrativo negocio para bandas dedicadas al narcotráfico, como lo demuestra la experiencia internacional.
Los municipios han hecho ver las crecientes dificultades para poder proveer de servicios básicos a las poblaciones cada vez más masivas que se han ido asentando en los “terrenos brujos”, carencias que han sido convenientemente aprovechadas por los grupos que venden estos sitios, cobrando por el retiro de basura o por la provisión de agua potable.
A pesar de que recientemente se dictó una norma para perfecionar las herramientas legales de la autoridad para hacer frente a este tipo de loteos, es un hecho que la legislación sigue siendo poco eficaz y la labor del Ministerio Público ha sido lenta e insuficiente. De allí que se hace necesaria una respuesta mucho más urgente y contundente desde el Estado, por las implicancias que hay detrás.
