Modernizar la conversación

Hace poco, le preguntaron al actual presidente de la SOFOFA (un viejo amigo de esta sección) si no tendría sentido escuchar voces como las del Financial Times y revisar nuestra carga tributaria. La respuesta de Bernardo Larraín fue al menos intrigante. Si bien aceptaba que esas conversaciones había que tenerlas, agregaba también que: "Ojo cuando hacemos comparaciones: los países escandinavos, cuando tenían nuestro actual nivel de desarrollo, tenían cargas tributarias parecidas a la nuestra.”

Quizás “parecidas” tiene otro significado en el mundo empresarial, pero según los datos de la OCDE: Chile recauda solo un 21% del PIB, mientras que las cargas tributarias de Dinamarca, Suecia y Noruega, en años en que esos países alcanzaron el actual ingreso chileno (PPP), era en promedio un 37% del PIB. Para dimensionar esta pequeña diferencia (o “parecido” como lo llamaría Larraín), en el caso nuestro estos 16 puntos porcentuales del PIB equivalen a más de 350 “fondos privados de emergencia” por año.

Larraín no lo dejaba ahí, y mas adelante agregaba que antes de entregarle más recursos al Estado lo responsable era modernizar el aparato público. Y en efecto, porque aparte del extraño manejo de cifras económicas, quién más indicado para recordarnos la necesidad de “modernizar” algún área de nuestro país que el presidente de los industriales; un sector que después de más de 40 años de un “modelo exportador exitoso” exhibe entre sus principales productos de exportación la “escoria de mineral”.

Pero para qué dejar que los datos se interpongan a una buena narrativa. Así entonces, la ineficiencia de nuestro sector público lleva un tiempo sirviendo no solo como excusa para mantener una baja recaudación, sino que también para explicar la falta de productividad e innovación de nuestro sector privado, e incluso se le culpa de nuestros altos niveles de desigualdad.

Claro, ¿quién podría estar en contra de “modernizar el Estado”? El problema con esta narrativa es que un Estado “moderno” puede, como hemos discutido antes, significar muchas cosas: ¿Se referirán a un Estado “moderno” tipo el de Singapur, donde un 20% del PIB es generado por el Estado, el que maneja fondos soberanos de más de US$800 billones con un portafolio de inversiones tanto en el exterior como dentro del país, con el que controlan entre otras muchas actividades: su puerto, su principal línea aérea, el aeropuerto, el agua, etc.?

¿O se referirán a un Estado “moderno” tipo el noruego, que maneja más de 70 empresas públicas (incluidas la principal empresa de telecomunicaciones y de servicios financieros), y que gracias al royalty sobre la explotación del petróleo de 55% (que se aplica sobre un impuesto a las utilidades de 23%) ha logrado crear el fondo soberano más grande del planeta, administrado obviamente por una agencia del Estado?

Todo indica que no.

Por lo que uno les lee, con “moderno” parece que solo se refieren a uno pequeño que recaude poco y que tenga la mínima actividad productiva posible. Uno que su principal virtud sea tener pocas regulaciones y que ojalá la mayor parte de los trámites se hagan por internet. Y por supuesto, uno que ayude de manera “eficiente” (es decir, utilizando la menor cantidad de recursos posible), a los “más necesitados”, o sea toda esa gente que el mercado va dejando botados en el camino una vez que ha hecho su magia. Si no, pasa esa tontera que salen a quemar cosas.

Recordemos que en la mitad del estallido social el ala más reaccionaria de nuestra política era clara en su diagnóstico: “El problema no es la Constitución, el problema es un Estado poco eficiente”. Como complemento se publicaban columnas señalando que al parecer no sería correcto decir que somos de los países más desiguales del mundo (dato: el Banco Mundial nos ubica entre el 20% de países más desiguales), argumentando que nuestro problema de desigualdad en realidad no era culpa del mercado, sino que de “la ineficiencia del gasto fiscal”. Como ejemplo nos recuerdan que países igualitarios de Europa tienen un GINI mercado similar al nuestro, pero que a través de su eficiencia pública, logran revertir esta situación. Si solo nuestro Estado dejara de ser un antro de corrupción e ineficiencia, mayores grados de igualdad nos aguardarían a la vuelta de la esquina. “¡Hay que sacarle la grasa al Estado!”, exige a menudo esta nueva patrulla juvenil defensora del modelo.

Pero tomemos el ejemplo de Alemania, que se supone es la Meca de la “economía social de mercado”, por lo que debiese ser un ejemplo relevante para esta gente. Efectivamente tiene un GINI mercado parecido al chileno, pero través de impuestos y transferencias logran mejorarlo un 45%. Chile, en cambio, solo logra una mejora de un 12%. ¿Es el Estado alemán entonces casi cuatro veces más eficiente? No si incluimos en la conversación su presupuesto, ya que ellos destinan un 25% del PIB en programas sociales, mientras que Chile solo un 11% (una cifra que no se ha movido desde 1990). Entonces, aunque por arte de magia nuestro Estado lograse mañana una “eficiencia alemana” en su gestión, de igual manera tendríamos que gastar más del doble para lograr la misma “efectividad alemana”. Y de poco sirve volver a fantasear con las cifras y asumir que los alemanes tenían una carga tributaria parecida a la nuestra cuando tenían nuestro actual nivel de desarrollo, porque para entonces ellos ya recaudaban un 35% del PIB.

Si bien recaudar y gastar más no nos transformaría en un Estado más eficiente, al menos nos ayudaría a tener uno mucho más efectivo, y estos días han sido un dramático recordatorio de la urgencia de un Estado con mayor efectividad. Esto por supuesto mantendría abierta la necesidad de modernizar el aparato público, modernizar el modelo productivo, y un largo etcétera más. El tema es cómo comenzamos a complejizar esa conversación para entender realmente de qué estamos hablando. Si no, y sin darnos cuenta, podemos terminar utilizando el concepto de “modernización” de los mismos que llevan más de 40 años exportando escoria.