Muerte de conscripto del Ejército
El fallecimiento del joven recluta y las denuncias de vejámenes exigen una investigación exhaustiva, completamente transparente y con la máxima celeridad.
El fallecimiento de un conscripto del Ejército de solo 19 años -quien cumplía con su servicio militar en la Brigada Motorizada Huamachuco- durante una marcha de entrenamiento hacia Putre, en la cual además decenas de reclutas terminaron afectados por un severo cuadro respiratorio -todo ello junto a denuncias por graves irregularidades dentro de la unidad, incluyendo vejaciones, maltratos físicos y procedimientos que habrían puesto en grave riesgo la vida de los soldados, como haber llevado a cabo la marcha en tenida no apta para soportar bajas temperaturas- no solo ha sido motivo de amplia indignación ciudadana, sino que también ha abierto una profunda inquietud por los protocolos que sigue la institución para velar por la integridad de sus integrantes.
Resulta desde luego preocupante que en una tragedia de esta naturaleza estén surgiendo versiones contrapuestas, partiendo por las circunstancias en que se produjo la muerte del joven recluta. Algunas versiones indican que este solicitó reiteradamente que la marcha se detuviera, ante su evidente deterioro físico, lo que habría sido ignorado por quienes tenían bajo su responsabilidad a dicha unidad. La versión que entregó el Ejército indica que el conscripto habría sido trasladado con vida hacia el Cesfam de Putre, y que allí falleció producto de una falla cardíaca, pero el director del establecimiento declaró que el joven llegó sin vida, versión que corroboran los compañeros del recluta fallecido.
Similares discrepancias se producen respecto de la indumentaria que utilizaron los reclutas durante la marcha. El Ejército señala que en esto se siguió un protocolo donde los conscriptos deciden el tipo de tenida que utilizarán de acuerdo con la evaluación que ellos mismos hagan en terreno, pero varios testimonios indican que una vez iniciada la marcha fueron obligados a utilizar ropas más livianas.
Los relatos de vejaciones y malos tratos son desde luego inquietantes, y de ser efectivos constituirían gravísimas vulneraciones a lo que debería ser el proceder de la institución, sugiriendo que entonces se carecería de elementales estándares de supervisión o de consentir prácticas completamente inaceptables.
Todo esto exige que la muerte del conscripto, así como las graves denuncias que se han conocido, sean objeto de una investigación exhaustiva, completamente transparente y con la máxima celeridad. En esto cabe lamentar que solo en días recientes la ministra de Defensa se haya involucrado mucho más activamente -el caso estuvo inicialmente en manos del subsecretario de Defensa-, mientras que el Comandante en Jefe del Ejército solo anteayer salió a dar una versión pública de los hechos, anunciando una serie de medidas.
Algunas voces ya ven cierta similitud con la tragedia de Antuco, ocurrida en 2005, donde 44 conscriptos y un suboficial del Ejército murieron a raíz de una marcha realizada bajo condiciones meteorológicas extremas. Si bien la magnitud de dicha tragedia es muy superior a la actual, a raíz de Antuco hubo una serie de cambios en los protocolos que sigue la institución; lo ocurrido ahora en Putre vuelve a abrir la interrogante de hasta dónde esas lecciones han sido del todo internalizadas, en la medida que se compruebe que dicha instrucción se llevó a cabo en condiciones que pusieron en peligro la integridad de los reclutas. Como institución fundamental del país, es indispensable asegurar la buena imagen y correcto funcionamiento del Ejército.
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